Amnistía Internacional denuncia que la tortura es «generalizada y persistente» en México

La práctica de la tortura por parte de fuerzas de seguridad en México es "generalizada y persistente", asegura Amnistía Internacional (AI) en un informe dado a conocer hoy, que cita un aumento de casi 600% en el número de denuncias de tortura en la última década.

En su informe 'Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México', presentado en la capital mexicana, AI asevera que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes "desempeñan un papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México".

"El resultado de esta investigación es alarmante" porque confirma que la tortura y los malos tratos son "persistentes", la "impunidad prevalece y el acceso a la justicia para las víctimas es casi nulo", ha señalado el investigador de AI Rupert Knox en una conferencia de prensa.

Impunidad

El informe es producto de varios años de investigación y está centrado en casos documentados por AI de víctimas, algunas de las cuales han estado presentes en la conferencia de prensa y han aportado sus testimonios.

A pesar de que México ha adoptado protocolos internacionales que dicen que las confesiones obtenidas mediante torturas no son válidas en un proceso judicial, lo que se ha constatado al estudiar estos casos "es que eso no es cierto", ha explicado Knox. Por ello, los jueces "ignoran" las evidencias de que una detención es arbitraria y esta "negligencia ante pruebas de abusos de esa naturaleza es el camino para la tortura". Otro de los problemas es la "deficiencia terrible en la investigación" y "la negación al acceso a la defensa" a través de abogados distintos al de oficio impuesto por el Estado, ha añadido.

Y es que es habitual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos "justifiquen, toleren o hagan caso omiso" de estas prácticas, señala el informe. El resultado, añade, "es una impunidad casi total para los autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas". AI cita una encuesta que encargó recientemente, en la que el 64% de los mexicanos consultados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.

Reducción del número de quejas

El documento señala que el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta distanciarse de la ola de violencia y abusos a los derechos humanos iniciada durante el mandato de su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012), y asegura que las tasas de homicidios y otros delitos han disminuido.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha informado de una reducción del número de quejas por tortura y malos tratos recibidas durante el nuevo Gobierno, iniciado en diciembre de 2012. "Sin embargo, la cifra de quejas registradas en 2013 (1.505) era aún un 600% superior a la registrada antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006. En 2003 la CNDH registró 219 quejas por tortura y otros malos tratos", precisa el reporte.

Los métodos de tortura más habituales documentados por AI van desde golpes con puños, botas, culatas de fusiles y palos hasta amenazas contra las familias de los detenidos, pasando por descargas eléctricas en los genitales, semiasfixia mediante bolsas de plástico y violación u otras formas de violencia sexual.

Amnistía advierte que la tortura se usa a menudo para obtener "confesiones" y testimonios en procesos penales. "Esto se traduce en juicios injustos y condenas dudosas, lo cual deja a muchas personas inocentes en prisión y a muchos delincuentes en las calles", apunta.

La organización señala que el despliegue a gran escala de las Fuerzas Armadas en los últimos años para combatir la delincuencia organizada es un factor clave en el aumento del uso de la tortura y por ello pide al Gobierno que retire a los militares de las tareas policiales. Además, exhorta a las autoridades a garantizar que las detenciones se realicen con apego a la ley, a investigar las denuncias de arrestos ilegítimos y tortura, y a abolir la figura del arraigo (detención preventiva).

AI destaca que aunque el Gobierno se ha comprometido a respetar las normas internacionales de derechos humanos, "aún no ha dado pasos decisivos para cumplir estas obligaciones". Por ello, señala, ha llegado la hora de que implemente los cambios necesarios para poner fin a la tortura y otros malos tratos en el país.