Gritan libertad

Hace 40 años, presos de la cárcel de Granada se amotinaron para pedir amnistía total y cambios en el reglamento penitenciario

Los presos del centro penitenciario de Granada reivindicaban amnistía y libertad.
Los presos del centro penitenciario de Granada reivindicaban amnistía y libertad. / TORRES MOLINA
Amanda Martínez
AMANDA MARTÍNEZ

La mecha se prendió en Carabanchel. Al grito de amnistía y libertad, miembros de la Copel (Coordinadora de Presos en Lucha) se amotinaron en la cárcel madrileña para gritar desde el tejado las injusticias de un sistema penitenciario que maltrataba a los presos, les obligaba a vivir en instalaciones indignas, de celdas oscuras y húmedas, les privaba de intimidad, derechos fundamentales, les censuraba prensa, libros ...

A Carabanchel le siguieron El Puerto de Santa María, Almería, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Málaga, Barcelona y, el 20 de julio de 1977, la rebelión estalló en la cárcel de Granada.

Un total de 115 presos, de los 204 internos en la prisión de la Carretera de Jaén, participaron en el motín. Los reclusos subieron al tejado hacia las ocho y cuarto de la mañana y extendieron sus pancartas improvisadas con sábanas y trapos en los que habían escrito las reivindicaciones: 'Amnistía general', 'Trabajo' y 'Libertad'.

Bajo un sol ardiente y descamisados, proferían gritos y alzaban el puño mientras respondían a las preguntas de los periodistas que escribían la crónica del día desde la puerta de entrada a las localidades de 'general' de Los Cármenes. Abajo se apreciaba el peligro que corrían los jóvenes, sentados en el filo del tejado, atentos a que alguna persona, un amigo o un familiar les enviara desde la calle un gesto de solidaridad. Ante un sencillo saludo, los presos aplaudían.

Mientras, representantes de partidos políticos y sindicatos, como la Liga Comunista Revolucionaria, el PSOE, el Partido del Trabajo de España o la UGT, expresaron en un comunicado su apoyo a «las justas reivindicaciones sociales de los presos concretadas en: reforma del Código Penal, abolición de la Ley de Peligrosidad Social y reforma del régimen penitenciario».

Hacía poco más de un año que Franco había muerto. Apenas había transcurrido un mes de las primeras elecciones democráticas pero el adulterio, la homosexualidad o la propaganda de anticonceptivos estaban penados, y con castigos demasiado duros.

En la mañana del jueves amanecieron en el tejado de la prisión provincial 97 personas. Se protegían del sofocante calor de julio con la sombra de los tejados bajos y la que proporcionaba unas mantas que habían colgado del tendido de cables. Durante la noche, confeccionaron nuevas pancartas. En una de ellas se leía 'PSOE ayúdanos'.

A las cuatro de la tarde, la diputada socialista María Izquierdo entró en el centro penitenciario para interceder entre los presos y las autoridades. Los amotinados seguían firmes en sus exigencias y, para deponer su actitud, pedían también que no hubiera represalias. A última hora de la noche del jueves, solo 15 personas permanecían en el tejado y, a pesar de llevar más de cuarenta y ocho horas, se negaban a bajar.

Interviene la Policía

Fue entonces cuando intervino la policía. Entraron en la prisión con bombas de humo y balas de goma. Los amotinados descendieron con las manos en alto justo en el momento en que en el vecino estadio de Los Cármenes, el Granada CF presentaba su nuevo equipo. Fue entonces cuando se vivió el momento más tenso.

El efecto de los botes de humo hizo que los presos intentaran buscar una salida. Se rompió una puerta y se formó un alboroto. Entraron más policías en la prisión provistos con fusiles y poco después se oyeron disparos. Una ambulancia accedió al recinto para atender a un recluso herido, según la crónica de aquel día, a consecuencia de una caída. La rebelión concluyó sin libertad pero dio visibilidad a la marginación social a la que estaba sometida la población penitenciaria.

El 22 de julio de 1977, el Rey Juan Carlos presidió la constitución de las nuevas Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio y poco después, el Ministerio de Justicia se comprometió a la reforma del Reglamento Penitenciario, que llegaría en octubre de 1979 con la entrada en vigor de la Ley General Penitenciaria aprobada por unanimidad de los grupos políticos con representación parlamentaria.

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