«Acto de sacar dinero a alguien pidiéndoselo, por lo general, con habilidad o insistencia y sin intención de devolverlo». Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, esta es una de las acepciones del sonoro vocablo 'sablazo'. El hecho de que los fondos se soliciten «sin intención» de reintegrarlos a su legítimo dueño convierte al sablazo en algo que se parece bastante al delito de estafa, que, también según el citado vademécum del castellano, consiste «en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro».
Pues esta es la historia de una presunta sablista a la que la Justicia ya considera presunta estafadora. Dos juzgados de Instrucción de la capital granadina mantienen abiertas actualmente sendas investigaciones que afectan a una mujer que, supuestamente, ha logrado sacar 125.000 euros a familiares y conocidos entre 2008 y 2011.
Es decir, que consiguió ese dinero durante cuatro años en los que España y Granada no han dejado de hundirse en una crisis económica que se agudiza cada día que pasa, un detalle este que no puede pasar desapercibido: en un contexto en el que los ciudadanos se lo piensan antes de gastar un simple céntimo, la sospechosa consiguió, siempre supuestamente, préstamos por valor de más de veinte millones de las antiguas pesetas.
Los primeros que acudieron a los tribunales fueron tres vecinos a los a los que pidió casi 52.000 euros en total. Poco después, el Juzgado de Instrucción 8 abrió unas diligencias previas que, finales de 2011, transformó en procedimiento abreviado. Esa decisión técnica supone, en la práctica, que el caso está abocado a acabar en juicio. No es el último paso hacia la vista oral, pero solo desde un punto de vista meramente formal. La ley dice que caben recursos de reforma -ante el propio juez que ha dictado la resolución- y de apelación -ante la Audiencia Provincial de Granada- contra el auto de procedimiento abreviado, pero ninguno de ellos paraliza el expediente.
«Actitud lacrimógena»
Posteriormente, los propios suegros y la cuñada de la imputada presentaron una querella contra ella que fue admitida a trámite recientemente por el Juzgado de Instrucción 5. Según los familiares de la presunta estafadora, «aprovechando la estrecha relación familiar, y para cubrir supuestas necesidades perentorias que luego resultaron ser falsas», empezó a pedir distintas cantidades a los padres de su esposo y, luego, a la hermana de este. «En cada una de las ocasiones en las que les solicitaba el dinero, utilizaba un argumento distinto -que lo necesitaba para pagar multas de Hacienda, para sufragar gastos urgentes de sus padres, etc.- y en todo momento insistía en la importancia de que no enterara su marido -e hijo de los denunciantes- para evitarle disgustos, garantizándose con el silencio piadoso de sus suegros que su marido no pusiera la trama al descubierto», relata la querella.
Los suegros de la presunta estafadora, que también han emprendido acciones legales contra la madre de la imputada -a la que consideran cómplice de los manejos supuestamente ilegales de la encausada-, llegaron a entregarle 67.000 euros.
«Utilizando las mismas excusas y actitud lacrimógena», sacó otros 6.230 euros a su cuñada, que, en consecuencia, es otra de las firmantes de la denuncia. La inculpada envió un mensaje al teléfono móvil a esta última querellante, «asegurándole que devolvería el dinero obtenido con engaños», pero, según los perjudicados, no cumplió. «Jamás devolvió» los préstamos, «habiendo tenido conocimiento» los damnificados de que los motivos que ofreció la supuesta estafadora «para conseguir la entrega de las importantes cantidades económicas eran falsos, por lo que dicha entrega fue conseguida» con trampas «y abusando de la confianza de su condición de familiar».
Deprimidos
Esta cadena de acontecimientos adversos ha causado a los afectados, que «son personas muy mayores», además del daño económico -«no pueden pagarse ni una persona que los cuide»-, problemas de salud. Según explican en la querella, sufren «una tremenda inestabilidad emocional, que ha derivado en un cuadro clínico ansioso-depresivo severo».
En este sentido, los denunciantes consideran evidente que «los hechos referidos revisten los caracteres» de un delito de estafa, que se castiga con penas de uno a seis años de prisión y «multa de seis a doce meses».
