El plan de ajuste andaluz sigue siendo una olla a presión. La decisión del Gobierno andaluz de darse un plazo de 15 días para aprobar el decreto con el plan de ajuste económico para llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre el descuento en las nóminas de 777 millones de euros, ha sido tomado por el Ministerio de Hacienda como un conato de rebeldía. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, volvió a sacar ayer el látigo de la desconfianza y amenazó a la Junta con retenerle de los fondos estatales la cantidad de 2.700 millones de euros prevista en el plan de pago a proveedores para liquidar unas 750.000 facturas. Beteta manifestó en Cádiz sentir una «honda preocupación» por la decisión de la Junta y urgió a esta a informar sobre ello.
El foco de la polémica prendió el pasado viernes cuando el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció que el plan se «aplazaba» 15 días para negociar con los sindicatos de los funcionarios. Valderas, que se adelantó a Griñán en el anuncio, añadió que el Gobierno había aceptado el aplazamiento a petición de los consejeros de Izquierda Unida.
Valderas intentó con ello calmar los ánimos de un sector de Izquierda Unida no muy conforme con el descontento que el ajuste de 2.800 millones de euros había generado entre los empleados públicos, ya que buena parte del mismo, 777 millones, se debe obtener de sus salarios. El error de la Junta fue utilizar la palabra «aplazamiento» cuando en realidad no es así, como aclararon ayer fuentes del ejecutivo autonómico. El plan se aprobará en tiempo y hora, es decir después de los Presupuestos Generales del Estado, ya que muchas de las medidas que aplica Andalucía se derivan de estos. Lo que ha hecho la Junta es abrir un proceso de diálogo con los sindicatos hasta entonces, mediados de junio, cuando además se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera que dará el visto bueno a todo.
Fuentes de la Junta dijeron no entender las amenazas de Beteta. Este se agarró a la palabra 'aplazamiento' para advertir que pedirá explicaciones a la Junta y ha dado instrucciones para que en caso de «parálisis» del plan andaluz se ordene la congelación de 2.700 millones de los fondos estatales.
La Junta ha insistido en que cumplirá con el déficit marcado y considera innecesarias las amenazas de Beteta. El consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, acusó a Beteta de buscar la vía de la imposición y no del diálogo. Pero lo que también preocupa a Ávila es que el Gobierno ha descontado casi 35 millones de euros a los planes de empleo de este año. Ávila anunció posibles recursos contra el Gobierno por este nuevo descuento a la partida de las políticas activas de empleo. El Presupuesto General del Estado ya contemplaba una rebaja de 400 millones.
El consejero recibió el apoyo de los dirigentes regionales de CC OO y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, quienes echaron mano del escándalo de Bankia como agravio comparativo. Carbonero acusó a Beteta de «estar obsesionado con Andalucía». Pide al número dos de Hacienda que en lugar de dedicarse a rebajar el salario a los andaluces, explique «cuál es su responsabilidad sobre los 24.000 millones que darán ahora a Bankia del dinero de los españoles».
Recortes injustos
Mientras Beteta fustigaba al bipartito de izquierdas, los sindicatos de los sanitarios y profesores organizaban protestas ante lo que consideran un recorte injusto a sus nóminas, con más de 7.000 euros al año en algunas. El enfado entre los empleados públicos crece a medida que conocen cómo aminora la nómina de cada uno. El bipartito de izquierdas, entre la espada de los sindicatos y la pared de Hacienda, trata de salir airoso de la encerrona de los ajustes sin mucho éxito. No consigue calmar la situación. Insisten, como ayer la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, en que el 90% de los ajustes obedecen a imposiciones del Gobierno de Rajoy para cumplir el déficit público.
Torres no descartó que en la negociación con los sindicatos se aborde la eliminación de privilegios de los altos cargos. «Cuando abrimos el diálogo, no vetamos nada», dijo. Loa consejera de Presidencia, Susana Díaz, anunció a este periódico que se eliminarán desigualdades entre funcionarios y altos cargos sobre los pluses de productividad. Los sindicatos también piden que se eliminen cesantías y derecho a vivienda.
