Una concejala de Órgiva ha denunciado amenazas por parte de trabajadores del ayuntamiento de las Alpujarras. Silvia González, edil del consistorio de Órgiva por el Partido Andalucista, ha presentado recientemente una denuncia en los juzgados del municipio por las presuntas amenazas que recibió por parte de dos empleados municipales. Según narra la política, nerviosos por la posible anulación de sus puestos de trabajo, algo que se iba a debatir en un pleno extraordinario que estaba próximo a celebrarse y del que ella declara no tener constancia en el momento de los hechos, los sujetos la citaron para entregarle una supuesta documentación.
«Como ellos consideraban que esta moción es un ataque personal contra sus plazas, me amenazaron con presentar una demanda personal contra mí y el resto de los concejales de la oposición si apoyaba la moción del Partido Popular de anular sus plazas», explica la aludida.
Una encerrona
Silvia González consideró los hechos una encerrona. E insiste en que no tenía conocimiento durante el encuentro ni de la pretendida amortización de las plazas ni del pleno extraordinario que se había solicitado, cuestiones por las que abandonó el despacho donde acaecieron los hechos.
«Y apunté que basaría mi voto en la documentación presentada», recuerda.
Al finalizar la sesión plenaria con carácter extraordinario se votó favorablemente la amortización de las dos plazas de asesor jurídico y arquitecto técnico, ya adjudicadas por concurso oposición. Queda un largo proceso para dilucidar qué pasará finalmente con esas dos plazas. Y con la denuncia.
