La luna de miel entre el Gobierno y la Junta de Andalucía tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado martes ha durado tres días. Unas declaraciones ayer de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sembrando dudas sobre la solvencia de las cuentas de la Comunidad han provocado el primer choque entre ambas administraciones. La número dos manifestó que el Gobierno sigue «con gran preocupación» las noticias «que se están conociendo» sobre las cuentas andaluzas, dando pábulo a informaciones en las que se habla de suspensión de pagos en la Junta de Andalucía, extremo este desmentido con rotundidad por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, acusó a la vicepresidenta de «mentir» y de no haber cotejado los datos del Banco de España, le ha enviado una carta de protesta y ha pedido una reunión urgente con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que garantice el respeto institucional del Gobierno a la Junta. «Esas acusaciones me parecen muy mal porque ha olvidado que detrás de ella ya no está el escudo del PP sino el escudo de España, y cuando uno se sienta en el Gobierno ha de tener lealtad institucional», manifestó Griñán.
El origen de la polémica arranca de una orden de la Intervención General de Hacienda de la Junta a sus delegados provinciales con instrucciones sobre cómo cerrar el ejercicio 2011. Según interpreta el PP, la comunicación revela dificultades de la Junta para pagar las facturas a proveedores y por eso da orden de no contabilizar ningún nuevo expediente y dejar de pagar las facturas pendientes hasta nuevo aviso. El líder del PP-A, Javier Arenas, pidió el jueves a la Junta el registro general de facturas porque «parece obvio que hay ocultación de datos». Arenas añadió su temor a que la Junta quiera contabilizar pagos de 2011 en 2012, dando menos margen de déficit a este año en el que el PP puede asumir el gobierno andaluz.
Pagos de 60 millones
Todo ello fue desmentido el jueves por Carmen Martínez Aguayo, quien apuntó que la metodología de cierre de ejercicio es parecida en todas las comunidades. La consejera de Hacienda reconoció que este año el pago va más lento, pero se «está pagando con normalidad» y apuntó el abono de 60 millones de euros en las dos últimas semanas. Pese a esta explicación, Griñán tuvo que desmentir en Radio Nacional ayer por la mañana que en la Junta hubiera suspensión de pagos. Horas después, Soraya Sáenz manifestaba su preocupación por las cuentas andaluzas. La vicepresidenta recordó a la Junta de Andalucía los compromisos adquiridos en el CPFF de control de gasto y estabilidad presupuestaria y advirtió que está sujeta al cumplimiento de la ley y a «las correspondientes sanciones que pudieran imponerse». Todo ello mezclado con alusiones al caso de corrupción de los ERE.
En la Junta de Andalucía no daban crédito. El Gobierno de Griñán achaca las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría a una estrategia electoral del PP con vistas a las andaluzas. Para Griñán, lo que pretende el Gobierno de Rajoy es «ocultar que sus administraciones son las menos diligentes» en el cumplimiento de la estabilidad y del endeudamiento. Griñán recordó que, según el Banco de España, el endeudamiento de la Junta está por debajo de la media y que «nunca ha dejado de pagar ni nóminas, ni medicinas, ni nada».
«La vicepresidenta está presionada por la inminencia de la elecciones andaluzas porque el PP ya piensa que las puede perder. ¿Qué pasa con la reforma financiera, con los presupuestos del Estado? ¿Tan importante es Andalucía y tan poco importante es España? ¿Tan importante es ganar las elecciones en Andalucía?», enfatizó Griñán.
