Tras examinar la denuncia presentada en noviembre por el Ayuntamiento de Armilla, el juez entiende que los hechos, por su «gravedad y circunstancias», pueden constituir los presuntos delitos de prevaricación administrativa, concesión ilegal de subvenciones, delito contra el medio ambiente, de falsedad en documento oficial y de malversación de fondos públicos. Las diligencias tienen el objeto de esclarecer quiénes han participado en la tramitación de las ayudas y la naturaleza de los hechos. Tras las pesquisas encargadas por el magistrado, la investigación se cerrará o -en su caso- seguirá adelante la instrucción.
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