La crisis ha disparado el número de desalojos en toda España

Miguel se quedó en el paro. Luego se le acabó la prestación. Empezó a cobrar una ayuda social de 300 euros, que se convirtió en el único ingreso de la familia. Le diagnosticaron una depresión. Dejó de pagar el alquiler. El propietario le echó. Antes de quedarse a la intemperie, Miguel decidió entrar por la fuerza en un piso del vecindario que estaba vacío. Era un edificio de protección oficial, promovido por Adigsa, una empresa pública dependiente de la Generalitat. Durante nueve meses se convirtió en un okupa.

Pero a primeros de noviembre de 2010 le llegó una carta del juzgado. Le ordenaban abandonar la vivienda de inmediato y le reclamaban 9.000 euros por su ocupación ilegal. Miguel fue al Ayuntamiento de L'Hospitalet: reclamó un hueco en el albergue municipal, una moratoria en el desalojo, algo. No consiguió nada.

El 10 de noviembre, Miguel cogió una cuerda, hizo un par de llamadas, salió de su casa y se dirigió al Parque de las Setas, en la calle Juan de Juanes. No podía soportar la idea de ver a su mujer y a su hijo sin un techo bajo el que resguardarse. No sabía qué hacer. Se ahorcó.

La historia de Miguel, divulgada por la Asociación de Vecinos Carmen Amaya de L'Hospitalet, apareció hace siete meses en las páginas de sucesos de 'La Vanguardia'. Su caso puede resultar espantoso y extremo, pero no es en absoluto raro: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que comenzó la crisis el número de desalojos se ha multiplicado por tres. Solo en el primer trimestre del año 2011, se han producido 15.491 lanzamientos judiciales, eufemismo legal con el que se conoce el terrible momento del desahucio. Son 172 al día. Más de quince mil personas que no han podido pagar la renta o la hipoteca y que, como Miguel, han sido arrojados a la calle. Únicamente la solidaridad familiar y el auxilio de algunas instituciones benéficas impiden que muchos de ellos cojan una cuerda, vayan a un parque vecino y decidan cortar por lo sano. «Pero las entidades sociales tenemos nuestros límites», advierte Jordi Roglá, director de Cáritas Diocesana de Barcelona. La organización católica pondrá en marcha en septiembre un servicio de mediación para la vivienda, pero pide «un cambio urgente en el derecho hipotecario»: «Necesitamos un marco que tenga en cuenta el factor humano y evite la especulación», reclama Roglá.

El piso... y mucho más

El magistrado Francisco José Goyena Salgado, de la Audiencia Provincial de Navarra, se unió a esta corriente el 17 de diciembre de 2010. En un auto pionero y sorprendente, el juez Goyena negó al BBVA su pretensión de reclamar unas cantidades adicionales a un particular que ya había perdido su casa tras no poder hacer frente al préstamo hipotecario. Como suele suceder, el banco había tasado la vivienda inicialmente a un precio altísimo (71.225 euros). Cuando el propietario no pudo pagar la hipoteca, la entidad financiera recuperó el piso, lo sacó a subasta y acabó adjudicándoselo por una cantidad muy inferior (42.895 euros). Pero el BBVA no se conformaba con recuperar la casa, sino que exigía al particular el pago añadido (intereses incluidos) de más de 36.000 euros.

El magistrado Goyena reconocía que, «desde el punto de vista formal» no existía abuso de derecho, porque la ley procesal permite esa reclamación. Pero su resolución no se limitaba a dictar una fría ristra de conceptos jurídicos, sino que se aventuraba a exponer «una reflexión moralmente intranquilizante»: «La pérdida de valor (del piso) es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero». Así que le parecía intolerable que fuera precisamente un banco quien cargara sobre un particular las consecuencias más acerbas de un crack que ellos, de manera directa o indirecta, habían provocado. «En el caso presente -concluía el juez-, la adjudicación material de la finca al banco cubre» de sobra la deuda reclamada.

El auto del magistrado Goyena no sentaba precedente y, de hecho, sus líneas argumentales no han sido seguidas por un aluvión de sentencias posteriores, algunas emitidas por la propia Audiencia Provincial de Navarra. Pero al menos supuso un sonoro hito en la lucha en favor de la «dación en pago», el auténtico mantra inmobiliario de los indignados: se trata de que, cuando uno no pueda pagar la hipoteca, baste con la devolución de la casa al banco para quedar en paz. Aunque el Movimiento 15-M ha despertado muchas conciencias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene librando esta batalla desde su nacimiento, en febrero de 2009. «Ya entonces vimos cuál iba a ser nuestra propuesta frente la condena hipotecaria. Nuestra exigencia de mínimos era la dación en pago», resume Lucía Delgado, su portavoz.

Además de impedir desalojos con su presencia intimidatoria (pero pacífica), la PAH se ha propuesto que los diputados se mojen. Ya en marzo de 2010 se presentó una propuesta en el Congreso. El PSOE votó en contra y el PP se abstuvo. La secretaria de estado de Vivienda, Beatriz Corredor, advirtió del «efecto perverso» que podía acarrear la dación en pago: podría suceder que los bancos se asustaran, elevaran el listón de sus exigencias e hicieran mucho más difícil conseguir una hipoteca. La consultora financiera Oliver Wyman incluso pone cifras a estos reparos, al asegurar que encarecería la hipoteca media en 60 euros al mes y que privaría al 10% de los ciudadanos de la posibilidad de comprarse una vivienda.

Los miembros de la PAH conceden que «seguramente sería más difícil acceder a las hipotecas», pero matizan: «Eso no tiene por qué ser algo negativo. Al contrario, todos sabemos que las raíces de la actual crisis se hunden en la extrema facilidad con la que los bancos concedieron préstamos en los años 2001-2002, sin las suficientes garantías. Por eso estamos donde estamos». Lucía Delgado asegura que la dación en pago podría, en cambio, traer un «abaratamiento de los pisos».

¿Y los bancos? ¿Qué opinan de todo esto? De momento no alzan la voz, pero tampoco les gusta el vigor que está cobrando el movimiento 'Stop Desahucios'. El presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, advirtió hace meses que la dación en pago «había originado la crisis en Estados Unidos» y recordó que el sistema hipotecario español había permitido que «el 85 por ciento de los ciudadanos» fueran propietarios de un piso.

La pelota sigue en el tejado de los políticos. Antes de tomar una decisión, tal vez deban repasar lo que dice la Constitución, en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».