Las empresas granadinas de seguridad privada han llegado a una situación límite. Los concursos públicos a los que concurren para llevar a cabo sus servicios presentan tal tipo de cláusulas, que les hacen inviable su participación y les abocarán al cierre en un plazo mayor o menor. La mejor prueba de esto es que si hace unos años convivían entre diez y doce empresas con razón social en la provincia y que daban trabajo a unos 500 vigilantes, hoy son tan sólo dos las que siguen peleando por seguir trabajando, Alhambra Seguridad y Protección y SOS, con unos 220 empleados.
La Asociación Granadina de Empresas de Seguridad (Ages) denunció ayer esta delicada situación y las barrabasadas que se cometen por parte de las instituciones sin que nadie ponga freno a las mismas. Su junta directiva, a la que apoya la Confederación Granadina de Empresarios, aseguró que las distintas administraciones dejan a estas empresas fuera de sus concursos porque aplican unos requisitos que calificaron de «leoninos». Y de paso ponen en bandeja a las grandes firmas nacionales o multinacionales el hacerse con los mismos.
El presidente de la mencionada organización sectorial, Javier Juárez, puso como mejor ejemplo de todo lo anterior, el último concurso aparecido, el de la empresa pública Fermasa. Este establece condiciones como el que la adjudicataria ha de disponer de una póliza aseguradora de cobertura de responsabilidad civil de sus empleados, con una cobertura mínima de 25 millones de euros. Tal cantidad exige el pago de una prima que no puede ser asumida por una pequeña empresa. Ages ha decidido recurrirlo.
