El Ayuntamiento de Almuñécar, que preside el polémico Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), no es un buen patrón. Es lo que se deduce de una reciente sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Motril que condena al Consistorio sexitano a readmitir o indemnizar a dos trabajadores que, pese a ser eventuales, asumían tareas y servicios de carácter permanente, caso de la inspección de actividades -ruidos, licencias de bares o comercios-.
Ambos demandantes tenían la consideración de 'colaboradores sociales', una figura pensada para que las administraciones recurran a personas que están cobrando el desempleo para que realicen trabajos de «utilidad pública y en beneficio de la comunidad». El objetivo es doble: al ayuntamiento de turno le resulta económico y los parados se reciclan. Sin embargo, esta modalidad, por su propia definición, debe ser necesariamente temporal y excepcional. Parece evidente que, en ningún caso, la función del 'colaborador social' es la de responsabilizarse de forma continuada de los servicios habituales que ofrece cualquier consistorio.
Pues bien, según la sentencia, en el Ayuntamiento de Almuñécar no tienen claros esos conceptos. «(...) A través de los sucesivos contratos concertados (...) se ha tratado de cubrir de modo temporal una actividad permanente, utilizando una norma que no ampara jurídicamente el proceder del demandado, que al cesar al actor al término del tiempo pactado (...) lleva a cabo un despido que, carente de causa, tiene que ser declarado improcedente».
Para el tribunal, «resulta insólito que todavía se utilicen estos métodos de contratación, pero aún más que ello se lleve a cabo por una entidad pública», se lamenta el juez en su resolución.
El pasado mes de mayo, el Ministerio de Trabajo ya abrió un expediente por infracción grave al Ayuntamiento de Almuñécar por violentar supuestamente la normativa de contratos «mediante su utilización en fraude de ley». La investigación partió de una denuncia de UGT, que intuía que se estaba abusando de la figura del colaborador social.
Según dicha central sindical, a principios de esta año había hasta 96 trabajadores contratados bajo esta modalidad. Estas personas desempeñarían funciones de todo tipo: desde auxiliares de guardería, hasta la ayuda a domicilio, indicó ayer UGT. Las fuentes sindicales consultadas agregaron que, incluso, ha habido algún 'colaborador social' que, tras siete años prestando sus servicios en el Consistorio sexitano, ha fallecido creyendo que era trabajador de plantilla del Ayuntamiento, cuando no era así: en realidad, nunca lo fue.
De hecho, el propio Ayuntamiento que preside Juan Carlos Benavides alegó, en la demanda que ahora ha perdido, que no había caso por la sencilla razón de que la «relación que unía a las partes» ni siquiera tenía «carácter laboral».
Por su parte, Fermín Tejero, concejal de Izquierda Unida (IU) en Almuñécar, corroboró los cálculos de UGT y cargó contra el alcalde sexitano. «El Ayuntamiento ha llegado a utilizar a 90 parados en puestos que no tenían nada de eventual y que Benavides se negaba a sacar a concurso.
Con estas ilegalidades y abusos, el alcalde ha podido disponer de un número elevado de personas que trabajaban cobrando una miseria, mientras él se ponía ponía un sueldo de 80.000 euros al año y le ponía otro de 50.000 a su mujer».
