Después de varios días tratando de negar la evidencia, el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo, admitió ayer, por fin, que Yolanda Romero ha sido la directora del Centro José Guerrero hasta su destitución hace poco más de dos semanas. El representante de Izquierda Unida lo hizo 'ayudado' por la Plataforma Por el Centro Guerrero, que colgó en su blog la página del Boletín Oficial de la Provincia en la que se creaba su puesto, por una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 21 de febrero de 2005. En el post, la plataforma denuncia la «falsedad» de los responsables de la Diputación y vuelve a pedir la dimisión de la diputada de Cultura, Asunción Pérez Cotarelo.
En su última comparecencia para anunciar la ruptura de las negociaciones por parte de la familia Guerrero, Bernardo dijo textualmente: «Nunca ha existido el puesto de dirección como tal, sino que una funcionaria de esta Diputación, un cargo de libre designación, una jefa de servicio, tenía adscrita esta función». También se refirió a Romero como «la persona que antes hacía de directora». Una línea de argumentación similar a la mantenida hace unos días por Pérez Cotarelo.
En realidad, Yolanda Romero ocupó el puesto en comisión de servicios desde 1999 hasta 2005, cuando se creó el puesto, y a partir de entonces con un nombramiento por parte de la anterior diputada del área. En la página web de la institución provincial, Romero aparece en numerosas ocasiones como «la directora del Centro José Guerrero», sin alusión alguna a su supuesta interinidad.
La Diputación tampoco quiere hablar de destitución, sino de «reasignación de funciones» de la funcionaria, en este caso, a la sala de exposiciones del Palacio de los Condes de Gabia. Lo cierto es que destituir significa «separar a alguien del cargo que ejerce», una definición que se ajusta perfectamente a lo que le ha sucedido a Romero.
Satisfacción y confianza
Bernardo reiteró ayer, en declaraciones a IDEAL, que la corporación provincial estaba «satisfecha» con la labor realizada por la directora. «Estábamos muy contentos con su trabajo», insistió ayer. Pero a renglón seguido reconoció que la decisión de apartarla de sus funciones correspondió a Pérez Cotarelo: «Es un cargo de confianza de la dirección política. Esta persona no gozaba de la confianza de la diputada y la diputada decidió cesarla».
El vicepresidente segundo aseguró que tanto la familia como la Diputación estaban de acuerdo en sacar la plaza a concurso siguiendo las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas para Museos y Centros de Arte Contemporáneo, impulsado por diferentes asociaciones de gestores culturales, entre ellas la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo, que preside la propia Yolanda Romero. Sin embargo, ambas partes no se habían puesto de acuerdo acerca de los requisitos de la plaza y la composición del tribunal. A su juicio, el hecho de que la destitución unilateral de la directora sea una de las causas previstas de terminación del contrato entre la Diputación y la familia carece de importancia, porque la prórroga del comodato «expiró el 31 de diciembre de 2009». En ese sentido, Bernardo admitió que el Centro José Guerrero está en «una situación de alegalidad», porque actualmente no hay ningún soporte jurídico para la cesión de los cuadros que componen el legado Guerrero, valorado en unos 8 millones de euros.
El área de Cultura remitió ayer un escrito a los abogados de la familia pidiendo aclaración sobre el futuro inmediato del Centro: el próximo 1 de octubre está prevista la inauguración de la exposición 'Presence of black', con grabados y 'frescos portátiles' del artista granadino nacionalizado estadounidense. «Ya teníamos adjudicado el contrato de transporte de las obras, a la espera de que la familia nos diga oficialmente si continúa o no», confesó Julio Bernardo.
