El municipio de Puebla de Don Fadrique tendrá que devolver el dinero que le otorgó la Junta de Andalucía para acometer el arreglo de una treintena de infraviviendas. Y lo devolverá, doce años después, sin que se haya tocado un solo ladrillo de esas casas, que en muchos casos no tienen cocina ni baño. Detrás de esto, hay treinta familias que han visto esfumarse la posibilidad de convertir en viviendas dignas la casa en la que muchos han vivido durante décadas.
Esta historia arranca en 1998, cuando el Ayuntamiento del municipio solicitó adherirse al programa de infravivienda de la Junta de Andalucía. En aquel año, la consejería de Obras Públicas declaró el área como infravivienda y otorgó al municipio una subvención de 628.722 euros para la construcción y arreglo de 30 viviendas de personas cuya renta está por debajo del umbral de la pobreza. El proyecto completo ascendía a 904.442 euros, por lo que el resto del dinero debía ponerlo el Ayuntamiento. Sin embargo, el proyecto no se aprobó definitivamente hasta el año 2006, ocho años después. Y cuando se actualizaron los presupuestos, el montante se había incrementado y el consistorio no podía hacer frente al dinero. Ahora, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado la devolución del dinero, que la Junta le reclamaba por no haber ejecutado el proyecto.
Contencioso
Los vecinos, que llevan doce años esperando, han presentado un recurso contencioso administrativo contra esta decisión, para que el equipo de gobierno se plantee alguna alternativa antes de devolver el dinero. Les apoya la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Gitana Anaquerando. «El caso nos parece claro, ha habido una dejadez total, faltó voluntad política para poner en marcha el proyecto, que se podía haber iniciado mientras el Ayuntamiento buscaba más recursos», apunta Marcos Santiago, letrado de la fundación y el abogado que asiste a los vecinos.
Jesús Amurrio, alcalde actual de Puebla de Don Fadrique, explica que cuando llegó a la alcaldía en 2003 el proyecto estaba paralizado y decidió actualizarlo. «Necesitaba modificaciones y no es hasta 2006 cuando se aprueba definitivamente el proyecto, pero los precios habían subido». Amurrio señala que el montante subió unos 250.000 euros y el consistorio no podía hacer frente a esa nueva cantidad de dinero. «Pedimos más dinero a la Junta, pero nos explicaron que había un tope por vivienda, y de entre los vecinos afectados, también nos dijeron que no podían pagar los 13.000 euros que cada uno tenía que poner por cada casa», señaló el alcalde.
Jesús Amurrio alude a «desajustes» para explicar el retraso que sufrió el proyecto. «Había que ajustarlo a los criterios que solicitaba la Junta; el estudio de 2003 tenía problemas que el arquitecto tuvo que subsanar». Entre unas cosas y otras, pasaron 3 años hasta que el pleno lo aprobó, y entonces todo era más caro.
Falta de liquidez
«Para que el proyecto pudiera llevarse a cabo, el Ayuntamiento tendría que aportar 600.000 euros que no tiene», apunta el primer edil, que en un comunicado que remitió a los vecinos explicó que incluso tienen problemas para pagar a los proveedores.
Por su parte, la delegada de Obras Públicas y Vivienda en Granada, Nieves Masegosa, explicaba que la Junta está obligada a reclamar el dinero que concedió para un fin concreto, si este no se está llevando a cabo, como ha sido el caso de Puebla de don Fadrique. «No es normal que pasen doce años; nosotros liberamos el dinero y luego se encargan de gestionarlo los gobiernos locales». Masegosa explica que los proyectos de infravivienda suelen prolongarse porque llevan aparejados un trabajo social paralelo con los vecinos, pero en este caso, las 30 familias se han quedado sin ayudas.
