El presidente del Gobierno defendió ayer la reforma laboral aprobada el jueves en el Congreso con la abstención de PNV y CiU y calificada por los sindicatos como «el mayor ataque contra los derechos laborales de los últimos 30 años». José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que «evitará despidos» y aumentará la estabilidad en el empleo, unos argumentos que sostendrá «donde haga falta».
En su comparecencia para hacer balance de la primera mitad del año, el jefe del Ejecutivo tuvo que responder a la avalancha de críticas que ha desencadenado la reforma laboral y, en especial, la enmienda introducida a última hora por PSOE y PNV que concreta las causas económicas para el despido objetivo de 20 días de indemnización por año trabajado. Según lo pactado por ambos grupos parlamentarios, podrán acogerse a esta fórmula las empresas que registren pérdidas o las prevean o vean reducidos sus ingresos de forma persistente, consideraciones éstas que deberán justificar ante el juez. A juicio de los sindicatos y de los partidos de la izquierda, supone dar barra libre a los empresarios para recurrir a esta vía.
Zapatero intentó desterrar esa idea y para ello leyó en su totalidad la enmienda. En su opinión, ahora se han concretado «de verdad causas objetivas por razones económicas» que sólo permiten despedir a las empresas que «no sean viables». También insistió en que los empresarios tendrán que demostrar que cumplen esos supuestos para poder despedir a sus trabajadores.
Flexibilidad
El presidente del Gobierno hizo hincapié en que la «finalidad» de la reforma es evitar despidos, algo que «reitero, mantengo y defenderé donde haga falta», ya que otorga flexibilidad a las empresas donde «no la había y para que, ante circunstancias económicas adversas, puedan tomar otras medidas antes de llegar al despido, algo que antes no pasaba». Entre esas alternativas citó la reducción de jornada o el «descuelgue (la no aplicación de las condiciones pactadas en convenio) salarial» por parte empresarial.
Según explicó, el modelo actual de mercado laboral no es «defendible», porque en cada crisis que ha sufrido el país la tasa de paro ha subido por encima del 20%. «Si había alguna duda, esta tercera crisis ha vuelto a confirmar que el sistema laboral no sabe reaccionar para adaptarse y, por eso, hemos encarado una reforma».
Sindicatos
Respecto a las críticas de los sindicatos, Zapatero dijo que tiene un «enorme respeto» por ellos, a pesar de que les ha escuchado «palabras gruesas» contra las causas económicas del despido objetivo. Y de la falta de apoyo político destacó que los partidos deben leerse, «con más sosiego», todo el articulado de la reforma y esperar «resultados» en dos objetivos: evitar despidos y salvar empresas, y aumentar la estabilidad en el empleo. Al respecto, el jefe del Ejecutivo reconoció que le hubiera gustado que la reforma hubiera tenido más apoyos en el Congreso, pero precisó que la «tarea» de dar el sí a «medidas impopulares» no es «fácil».
Todas estas explicaciones cayeron en saco roto y las críticas continuaron llegando. En opinión del presidente del PP, Mariano Rajoy, la reforma laboral es un «error» y «lo más dramático es que no va a crear ni un solo puesto de trabajo en un país donde 20 personas de cada 100 que quieren trabajar no pueden hacerlo».
Para el diputado de IU, Gaspar Llamazares, el Gobierno la ha centrado en el despido y se ha olvidado de los dos asuntos «fundamentales», la contratación y la precariedad en el empleo, porque solo ha escuchado «por el oído de la derecha» a los mercados.
Desde CiU, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, opina que la reforma servirá «de bien poco», ya que se ha perdido una «magnífica ocasión para afrontar con rigor y valentía lo que el mercado laboral exige».
Tampoco gusta al secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien cree que ha empeorado tras su paso por el Congreso, porque no ha aumentado la flexibilidad interna, sino que ha consolidado el despido como «fórmula privilegiada» para que los empresarios hagan ajustes.
Las patronales CEOE y Cepyme rechazan esta visión y advierten de que las causas económicas para el despido objetivo continúan siendo «imprecisas, ambiguas y de difícil interpretación», lo que puede hacer a la reforma «estéril».
