Una vez que la reforma laboral ha pasado el filtro de la comisión del Congreso y se encamina al Senado, el Gobierno ha desvelado el que será su próximo objetivo: introducir «cambios profundos y reformas significativas» en las políticas activas de empleo en otoño.
Así lo puso de manifiesto Zapatero ayer, tras resaltar la necesidad de mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo Estatal, el antiguo Inem, que actualmente «está lejos» de lo que requiere el país y es la «gran asignatura pendiente» para salir de la crisis.
El presidente defendió que esta reforma de las políticas activas de empleo es un «campo distinto» de la del mercado de trabajo y necesita también «un importante acuerdo social», además de un «cambio en la gestión» de las dotaciones y la organización de la políticas por parte de «todas las administraciones».
«Los poderes públicos no pueden resignarse a tener un porcentaje mínimo de intermediación laboral de los trabajadores», incidió Zapatero, quien explicó que el objetivo es que los Servicios Públicos de Empleo ofrezcan una atención «personalizada» a cada parado en su búsqueda de empleo. «Esto va a obligar a cambiar muchas cosas», incidió.
El jefe del Ejecutivo señaló al respecto que el desempleo es la «gran preocupación del Gobierno y el gran reto», y por este motivo adelantó que la ampliación de la ayuda de 426 euros a los desempleados sin ingresos se aprobará en el Consejo de Ministros del 20 de agosto, aunque la medida entrará en vigor el 16 de ese mismo mes.
