Juan Carlos Benavides, el alcalde de Almuñécar, es la autoridad que más ha entorpecido la labor del Defensor del Pueblo Andaluz en sus 27 años de existencia. Una marca que ahí queda, inscrita para los restos en la memoria oficial de dicha institución, y que no será fácil de batir.
De hecho, y no es una noticia nueva, su conducta obstruccionista le valió en 2009 una denuncia de la Fiscalía Superior que, lo más probable, es que acabe en un nuevo juicio contra el primer edil sexitano... O no, porque también es conocida la buena suerte que suele acompañar a Benavides en sus múltiples paseíllos por los tribunales.
Ocurra lo que ocurra, la memoria del Defensor referida a 2009 -que fue hecha pública hace unos días- recuerda que Benavides ni siquiera hizo caso al aviso en el que José Chamizo, máximo responsable de la institución, le advertía de que sería denunciado si seguía sin hacer caso. Tampoco en esa ocasión límite se dio por aludido. «La perfecta renuncia a atender al Comisionado del Parlamento -al Defensor- aconsejó una añadida actuación singular (...). Mediante escrito dirigido una vez más a la persona del alcalde-presidente de la Corporación, se expuso la gravedad de la situación creada por esa autoridad y se le significó de manera expresa las consecuencias de índole penal que dicha actitud podía acarrear de persistir en su falta absoluta de colaboración con la institución. El escrito (...) significaba la gravedad de una actitud obstruccionista que era susceptible de ser conocida por el Ministerio Fiscal», detalla la memoria del Defensor el contenido de su ultimátum.
Ni caso. «La añadida desatención de este escrito por parte del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Almuñécar motivó que, efectivamente, en los términos que se le anunciaba, se diera traslado al Fiscal Superior de tales antecedentes...».
En 27 años, no se ha visto nada igual.
