«Motril es azúcar». Esta es una de las frases que utiliza Jesús González Ruiz, motrileño, historiador y gestor cultural, para resaltar la importancia de la Alcoholera y, en concreto, de la Casa de Administración, edificio que será demolido en breve para construir una pasarela peatonal elevada que unirá el Parque de los Pueblos de América con las Explanadas y sorteará así la carretera.
Ante esto, Jesús González y Gaspar Esteva -abogado- han iniciado una cruzada para paralizar la eliminación de esta construcción a la que atribuyen, con argumentos, un valor histórico y patrimonial lo suficientemente elevado como para salvarla.
Así, acogiéndose a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía -por la que cualquier vecino puede intervenir en estos asuntos- han instado al Ayuntamiento de Motril y a la Junta a la protección de este edificio que en su día formó parte de una importante azucarera y que actualmente acoge las instalaciones de la televisión municipal.
Para argumentar la valía de la Casa de Administración de la antigua Azucarera Nuestra Señora de la Cabeza, el historiador Jesús González ha elaborado un informe con amplia documentación -también gráfica- sobre esta fábrica y la importancia del azúcar en la historia de Motril.
A González le sorprende la «contradicción» existente en el Ayuntamiento de Motril en materia de conservación del Patrimonio Industrial, entre las dos áreas competentes. «De un lado, el Área de Urbanismo tiene prevista la demolición inminente de este bien inmueble. De otro, el Área de Cultura, solicita a la consejería de Cultura el nombramiento de Motril como Zona Patrimonial del Azúcar». Para este historiador no es comprensible que se quiera potenciar todo lo relacionado con el azúcar y demoler un edificio que formó parte de una azucarera.
Estos dos motrileños piden la protección del edificio que no está catalogado. El Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU Motril 2003 -el vigente- no recoge la Casa de Administración de la Alcoholera, pero sí la chimenea, una nave y el edificio-torre. Para González la no protección del inmueble que será demolido, «indica la insuficiencia de criterios de selección y contradicciones de las normativas de Protección y Conservación del Patrimonio histórico local».
Por eso ha instado al Ayuntamiento a que incluya en el catálogo local y a la Junta para que también esté en el de bienes inmuebles del patrimonio histórico a nivel andaluz. Para Jesús González es una «barbaridad» que la ciudad se deshaga del edificio por lo que está dispuesto a luchar hasta el final para que Motril no pierda ese trozo de historia.
El Ayuntamiento motrileño tiene una visión totalmente diferente de este asunto. Consideran que la pasarela es necesaria para garantizar la seguridad de los peatones y que no van a cometer ninguna ilegalidad ya que el edificio no está protegido. Además, comenta el concejal de Obras Públicas, Francisco Alcaraz, que esta idea no es un invento suyo -refiriéndose al PP- y que anteriormente ya se había planteado. Las obras comenzarán en breve, pues ya ha terminado el plazo de licitación y en ellas se invertirán unos 600.000 euros conseguidos a través del Proteja.
Tras la petición de protección del edificio por parte de González y Esteva, el Consistorio ha recibido un papel de la delegación de Cultura de la Junta que les advierte de que el proyecto de la Alcoholera actúa «sobre edificios inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz».
Sin protección
A esto, el Ayuntamiento ha contestado aclarando que la Casa de Administración no tiene ningún tipo de protección, que «carece de valor arquitectónico» y que está en mal estado de conservación, según recoge un informe de los técnicos municipales.
El concejal de Urbanismo, José Luis Chica y el de Cultura, Nicolás Navarro apuntan que la acción de estos dos motrileños es una maniobra «oportunista y política». Los ediles cuentan que Gaspar Esteva fue concejal de Urbanismo con el PSOE y Jesús González coordinador del Cultura del Ayuntamiento, por lo que no les consideran dos vecinos asépticos.
Además cuenta Navarro que Esteva tuvo la oportunidad de catalogar ese inmueble cuando fue concejal y que lo que hizo fue «descatalogar propiedades privadas».
A los concejales actuales les extraña que «Cultura que no nos hace ningún caso, haya respondido a estos vecinos con tantísima rapidez. Nos mandaron un fax durante un pleno que había una moción en contra de tirar el edificio, un escrito chapucero y mal hecho», indica Nicolás Navarro al que el asunto no le huele nada bien.
«Además nos dicen que han tenido conocimiento del proyecto a través de estas personas cuando es una obra financiada por la Junta y deberían haberla revisado ya hace tiempo», plantea Navarro, que argumenta que el gobierno actual ha invertido 4,5 millones de euros en patrimonio.
