Un testigo afirma que Guerrero asumió la subida sueldo para cortar una huelga de limpieza de Granada

Jardón, investigado en la pieza separada del caso ERE sobre las ayudas a ambas empresas, ha declarado hoy como testigo en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos Guerrero- acusados de prevaricación y malversación por crear un «procedimiento específico» con el que durante una década se dieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Ha explicado que tras un mes de huelga de limpieza en Granada, las negociaciones entre patronal y sindicato habían «llegado a un callejón sin salida» y en una de las reuniones el representante de CCOO «llamó personalmente a Guerrero u dijo que tenía que intervenir la Junta de Andalucía».

Tras esa llamada, el sindicalista les comunicó que a los pocos días el PSOE iba a celebrar un acto en Málaga y que allí podían entrevistarse con Guerrero.

Allí conoció al exdirector de Trabajo por primera vez -también asistió el delegado de Empleo en Granada y el representante de CCOO Rafael Hueso- y le explicó que para las empresas la «desmesurada» subida salarial que pedían los sindicatos era inasumible.

Según su testimonio, Guerrero preguntó a Hueso «¿de cuánto dinero estamos hablando» y cuando el sindicalista le dijo la cantidad, el exdirector de Trabajo asumió que «lo paga mi departamento que tiene consignación presupuestaria para este tipo de cometidos».

En base a ese acuerdo, se firmó el convenio colectivo de limpieza en Granada en un acto «público y notorio» en Madrid al que asistieron «todas las fuerzas vivas de Granada menos el arzobispo», convenio que además de los representantes sindicales y empresariales, suscribió el propio Guerrero.

Como representante de la patronal, a finales del 2006, contactó con Guerrero para reclamarle el compromiso adquirido, ya que las empresas habían adelantado el dinero de la subida salarial a los trabajadores, y Cespa y FCC llegaron a recibir un pago cada una.

Cuando en 2008 Guerrero es sustituido por Juan Márquez, el testigo contactó con él para preguntarle por la continuidad de los pagos comprometidos y en una reunión el nuevo director de Trabajo le dijo que «no había rastro» de tal compromiso y lo único que conocía del tema era su «petición».

Jardón le trasladó que tenía el mandato de las empresas de limpieza de emprender acciones legales contra la Junta si no cumplía lo comprometido.

«El me contestó: 'Por lo que a mí respecta como si me trae una foto firmada de Rocío Jurado'», ha respondido a preguntas de la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, concretando que con Márquez ya no recibieron más pagos de la Junta y sabe que a través de un bufete de Sevilla, Cespa y FCC intentaron un «acercamiento» a Márquez para solucionar el tema pero él ya no participó.

En la sesión de hoy, también ha declarado el expresidente del comité de empresa de Primayor -una cárnica de Jaén investigada también por las ayudas recibidas- Manuel José López Braceros, quien ha confirmado que tuvieron reuniones tanto con Guerrero como con Márquez -en las que les asesoró Juan Lanzas, considerado «conseguidor» de las ayudas para ERE- pero no con el exconsejero de Presidencia Garpar Zarrías pese a pedirla.

La propuesta de Guerrero fue la posibilidad de atraer otras empresas para recolocar a los trabajadores, entre ellas una planta de precocinados del grupo Dhul que se interesó por instalarse allí (y cuyos responsables, la familia Ruiz Mateos, se reunieron con Zarrías).

Pese a que el comité de empresa planteó la posibilidad de prejubilar a trabajadores mayores de 55 años «eso nunca se llegó a hacer».

El fiscal le ha mostrado una carta que él dirigió a Guerrero en noviembre de 2007 apuntando a que el delegado de Empleo les había indicado que Zarrías había dado indicaciones para que resolvieran su situación, pero no ha concretado por qué apuntó a esa mediación del exconsejero y se limitado a señalar que «puede ser» que lo mencionara siguiendo indicaciones de Lanzas.

Antes ha declarado Francisco Gómez Millán, un exinterventor encargado hasta 2002 del Control Financiero del ente público IFA (luego IDEA) -a través del cual se pagaban las ayudas- que después fue jefe de servicio de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda.

Ha explicado que para la Intervención, el dinero que Empleo le enviaba a IFA/IDEA para pagar las ayudas de los ERE no debía presupuestarse como transferencias de financiación de explotación sino una encomienda de gestión porque las primeras sólo pueden usarse para actividades propias de los entes públicos o sus gastos corrientes.

No obstante ha señalado que el modo de presupuestar «no implica fraude per sé, depende de como se ejecute ese gasto» y que el hecho de que esas transferencias de financiación carecieran de fiscalización previa no implica falta de todo control porque había en IDEA había «un control financiero permanente que es a posteriori». EFE

1003672