Siete de cada diez casos del Servicio de Asistencia a Víctimas son de maltrato

Siete de cada diez casos del Servicio de Asistencia a Víctimas son de maltrato
ALFREDO AGUILAR

El equipo del SAVA, que depende de la Junta de Andalucía, realizó en Granada el año pasado 9.000 actuaciones que allanaron el camino al justiciable

YENALIA HUERTASGRANADA

Cuando un ciudadano sufre un delito y se ve inmerso en un procedimiento judicial, se adentra en un mundo complejo, de togas y puñetas, sembrado de tecnicismos y de trámites procesales laberínticos. A partir de ese momento, las visitas a los juzgados y la recepción de documentos indescifrables marcarán sus pasos, en los que, sin lugar a dudas, un abogado, como experto en Derecho, será su mejor asesor jurídico. Pero para que esa primera toma de contacto con el ambiente que se respira en los juzgados de la Caleta, sea menos complicada, está el SAVA, que realiza una función orientadora fundamental para el justiciable. El año pasado realizó nada más y nada menos que 8.915 intervenciones en Granada, de las que alrededor de un 70% estuvieron relacionadas con la violencia de género.

¿Pero qué es el SAVA? Es el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, que depende de la Consejería de Justicia e Interior Junta de Andalucía. Sus oficinas se encuentran en la primera planta del complejo judicial de la Avenida del Sur de la capital. El equipo que lleva sus riendas está integrado por profesionales que cuentan con una formación multidisciplinar. En Granada lo coordina desde 2014 Catalina Domínguez, que es abogada y licenciada en Criminología. Adriana Muñoz es la otra jurista del equipo, que completan una trabajadora Social, Iria Muñoz, y la psicóloga Sandra Serrano.

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Las cuatro son preparadísimas profesionales y están para guiar al justiciable, asesorarle y arroparle. Digamos que el objetivo primordial del SAVA es acercar la justicia al ciudadano. «Aquí viene mucha gente todos lo días sin saber a qué ni dónde tiene que preguntar. Esto es un edificio inmenso con muchas plantas y juzgados dispersos, y encima muchas de esas personas son víctimas de delitos y la mayoría no tienen ningún conocimiento», subraya la coordinadora. Y para eso están ella y sus tres compañeras: para hacer de cicerones de personas «que no saben qué hacer con su problema».

El 94% de las víctimas que acudieron a las oficinas del SAVA eran mujeres

Las gestiones y trámites que Catalina, Adriana, Iria y Sandra realizan cada día abarcan desde actuaciones de carácter general, hasta asesoramiento jurídico, pasando por la atención psicológica y asistencia social. Se trata de un recurso completamente gratuito, de un servicio público provincial que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.

A veces llegan a sus oficinas porque las mandan los guardias civiles de la puerta de la Caleta, la Policía o el propio juzgado. «Dependiendo del tipo de delito, de cómo vengan, de su estado emocional se les da un espacio donde la víctima puede expresar cuáles son sus necesidades», añade Catalina, que al llevar el timón del servicio coordina esa respuesta «integral».

Adriana explica que sus funciones se centran en la orientación jurídica de cada caso. En su despacho, explica a las víctimas cómo va el procedimiento y las distintas fases, a fin de que «entiendan el mecanismo judicial». La jurista, que también interviene en la tramitación de algunos escritos, avala el resultado estadístico del balance anual de actividades: «El delito que más vemos aquí normalmente es violencia de género». En este punto, aclara que existe un programa por el que intervienen directamente en el juzgado atendiendo a las víctimas de manera integral. No necesariamente todas las víctimas de violencia de género que acuden a la Caleta pasan por el SAVA, pero sí una gran parte, pues al estar ligado el servicio a la guardia del juzgado, suelen intervenir en la mayoría de los casos que entran como diligencias urgentes -juicios rápidos por delito-. «Las que entran por otro tipo de procedimiento son ellas las que tienen que acceder al servicio», especifica esta abogada.

Iria, como trabajadora social, suele hacer una valoración sobre las necesidades de la víctima, «y no siempre se corresponden las necesidades que expresa la víctima como las reales que puede haber». Ella es la que valora si entre esas necesidades están la prestaciones económicas u otro tipo de recursos.

Sandra, en su papel de psicóloga, intenta restablecer a la víctima a su estado inicial. «A mí personalmente me parece un servicio muy agradecido, porque es verdad que llegan víctimas de cualquier delito -tanto hombres como mujeres, y tanto con denuncia como sin ella- con un nivel de activación muy alto y que con un poquito de ayuda consiguen una pronta recuperación», indica.

El delito de lesiones, con un 36%, sobresale en las estadísticas de este servicio

El éxito de muchas de las intervenciones de este equipo radica de hecho en la inmediatez y en estar en el momento donde la víctima más lo necesita.

La ayuda del SAVA comienza en cuanto se recibe a la víctima. En cuanto llega, se abre un expediente en el que se recogen sus datos personales. «En ese momento se le abre una hoja de atención y se le invita a venir, ya que la asistencia es voluntaria», puntualizan. Una vez que la persona ya está en manos de estas profesionales, la atención del equipo puede ser puntual o durar meses e incluso años, como ha sucedido en algún caso, porque los procedimientos son lentos y si el asunto acaba en un juicio en la Audiencia la instrucción se lleva su tiempo. Luego hay víctimas a las que se les realiza un seguimiento especial, porque son especialmente vulnerables, como mujeres inmigrantes que están solas y tienen niños. Aparte, otras son víctimas de delitos continuados lo que hace que se prolongue la asistencia.

El servicio del SAVA funciona en Granada desde finales de los años 90 y lo presta una cooperativa llamada Avide, contratada por la Junta para desempeñar esta labor.

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