La Junta tutela 100 menores desamparados al año en Granada

La Junta tutela 100 menores desamparados al año en Granada

Entregar en adopción a un hijo biológico no se persigue como delito, pero sí tiene cárcel maltratarlo o abandonarlo | Un par de ellos son bebés dados al nacer

Ángeles Peñalver
ÁNGELES PEÑALVER

Cada año, dos bebés son dados en adopción en Granada nada más nacer en el hospital porque ni sus madres -ni sus padres- se sienten con fuerzas para criarlos. El protocolo que se activa es inmediato y está encaminado a proteger al recién nacido, según explica José Antonio Puerta, jefe del Servicio de Protección de Menores en la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Granada. Si la madre ya ha decidido entregar al hijo durante el embarazo y lo ha comunicado a los servicios sociales, se hará cargo del neonato la Junta de Andalucía de manera inmediata.

La entrega del pequeño deberá hacerse tras el parto, momento en el que el recién nacido será trasladado al servicio de 'cunas' del hospital y la madre, a una habitación aparte. Aún así, los progenitores tendrán derecho a conocer el sexo del bebé y la posibilidad de visitarlo durante los días que la madre permanezca ingresada. Antonio Puerta señala que la mayoría de entregas -al menos en Granada- se producen por parte de madres solteras, muy jóvenes, sin medios y residentes en zonas con pobreza endémica. «Muchas han ocultado a su entorno el embarazo y no quieren ni dar sus datos en el documento de renuncia de potestad del menor», aclara el experto.

180
bebés fueron dados en adopción en España en el año 2016, a falta de los datos definitivos de 2017.
de esos abandonos se produjeron en Andalucía y 35, en Madrid
En La Rioja no hubo ninguno.

Después del parto, la madre deberá firmar ese papel proporcionado por un trabajador social y un jurista que se desplazarán al hospital, en el que conste si desea ser informada de la situación del pequeño en un futuro y de las causas por las que ha decidido entregar a su hijo en adopción.

Una vez que el menor recibe el alta, médica será recogido por los servicios de protección y entregado a una familia de acogida mientras llega la familia adoptiva definitiva.

«También en el Materno nos pueden decir que un bebé ha nacido con síndrome de abstinencia por consumo de drogas en el embarazo y eso activa una investigación que puede concluir con la retirada de la custodia», describe José Antonio Puerta, quien recalca que la Junta busca que ningún crío menor de seis años pase por un centro de protección. Como alternativa, promueven que el menor termine en una familia de acogida volcada en resolver rápido sus necesidades afectivas y materiales.

Mes y medio para reflexionar

«Hay un periodo de 'tregua' o reflexión, recién ampliado con arreglo al Convenio Europeo de Adopción, que establece que la madre biológica cuenta con un mes y medio para dar marcha atrás en la decisión de entregar a su hijo -añade Puerta-. El año pasado tuvimos un caso de un bebé con discapacidad que fue entregado inicialmente, pero en un par de días los padres se lo pensaron mejor y decidieron criarlo».

Pasado un mes y medio de la entrega de un recién nacido, la madre biológica -si es localizada- será citada por el Juzgado para darle audiencia. Allí debe dar su consentimiento -o no- para entregar la tutela de su hijo a una familia adoptiva. Si la madre no aparece, los plazos se alargan. Tras la resolución final, la adopción se inscribirá en el Registro Civil, donde el niño ya constará con el nombre y los apellidos de los padres adoptivos. Ya no hay marcha atrás. A partir de este momento, ningún miembro de la pareja biológica tendrá derechos legales sobre el pequeño, que estará amparado por su familia adoptiva.

20 niños pequeños al año

En la provincia de Granada, dos madres toman la decisión cada año de dar al bebé en adopción, pero si la franja de edad de los niños se amplía un poco, la cifra de críos dados en adopción se incrementa. De media, unos 20 niños pequeños -hasta cinco años- son dados cada año en adopción de manera irrevocable y pasan a depender de una familia ajena a la suya biológica. Esta decisión está promovida en muchas ocasiones por la propia Junta de Andalucía, ya que la administración valora que lo mejor para esos críos es separarse de sus progenitores tras constatar que sufren abusos sexuales, maltrato físico, abandono familiar u otros tipos inimaginables de desamparo.

Entregarlos es legal

Técnicamente, el Código Penal recoge que no ejercer la patria potestad con un hijo es delito, explica José Antonio Puerta. «La decisión de dar a un bebé en adopción no tiene ningún tipo de consecuencias penales para los progenitores y no se persigue. La prioridad es proteger al menor», abunda el experto.

Sin embargo, el abandono de bebés o de niños en la calle sí que se considera delito según el artículo 229 del Código Penal, que indica: «El abandono de un mejor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años».

En caso de que ese abandono fuera realizado por los padres, la pena de cárcel se incrementa, suponiendo un castigo de entre 18 meses y tres años de prisión. Y si además el abandono implica un peligro para la salud del pequeño, el castigo podría ampliarse hasta los cuatro años.

En total, cada año, la Junta asume en Granada la tutela de 100 menores de edad, entre los que se encuentran los arriba mencionados. Muchos de ellos, a partir de los 10/11 años, pasan a los centros de acogida de la administración o a vivir con tíos o abuelos biológicos que lo puedan hacer mejor que sus padres.

El 80% de los padres se niega a perder la custodia

Entre los 100 casos anuales de niños que terminan en manos de la Junta de Andalucía, muy pocas familias biológicas reconocen que la situación de sus hijos es tan indigna que ha superado lo tolerable. El 80% de los progenitores granadinos suele rechazar que la Junta de Andalucía le quite la custodia (muchos acuden a los juzgados). Los protocolos prevén múltiples oportunidades para que la familia biológica se recomponga. Además –salvo riesgo para el menor– se programa un calendario de visitas con la familia biológica. Para declarar en desamparo a unos niños –recalca Puerta– la situación de origen tiene que ser muy dura. No basta con que haya sólo absentismo escolar o necesidades materiales, porque esos dos aspectos se tratan de resolver con otros protocolos específicos y una serie de ayudas. Solo si se descubre por parte de las autoridades hacinamiento en la vivienda, falta de salubridad, mendicidad... u otros elementos mayores, como abusos o malos tratos graves, saltan las alarmas. Para evitar situaciones tan degradantes para los críos, los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden cada año de manera preventiva en la provincia de Granada a más de 600 familias.

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