El corazón de los consumidores

El Ministerio de Sanidad les apuntó directamente con el dedo y las puso en el disparadero. Las acusó de partidismo en sus campañas en contra de las medidas del Gobierno y les instó a retirarlas. Ellos, los responsables de Facua-Consumidores en Acción, se sintieron perseguidos y alzaron la voz. Abogaron por la libertad de expresión e insistieron en que seguirán su camino: defender a los consumidores. Pero ¿qué son exactamente estas agrupaciones y qué hacen? Las asociaciones de consumidores se rigen por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se recoge que son organizaciones «sin ánimo de lucro» y que tienen como finalidad «la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación».

«Me da rabia cuando se habla tan a la ligera de las asociaciones de consumidores. Nosotros damos un servicio, una labor de contrapeso para la industria. Por desgracia, el movimiento asociativo en España es muy débil, porque en la mayoría de los casos ha crecido al calor de las subvenciones», critica Antonino Joya Verde, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Esta entidad lleva implantada en España desde hace más de 35 años y consigue sus fondos a través de las suscripciones de sus socios. «Hace mucho la OCU se armó con una fuente de financiación autónoma a través de las cuotas de los asociados, que reciben una revista y asesoramiento jurídico a través de nuestro 'call center', que cuenta con más de 90 abogados que están a disposición de nuestros socios, que pueden plantear sus dudas las veces que sea necesario, sin coste adicional para ellos», comenta al respecto Joya.

Esta asociación, una de las más conocidas en España, cuenta con unos 300.000 socios cuya adhesión responde a diferentes causas, desde el beneficio directo de sus servicios a la militancia o el servicio social, «aunque en nuestro caso hay menos concepto de que somos 'consumidores'. Los trabajadores forman parte de un sindicato; otras personas tienen conciencia medioambiental y pertenecen a asociaciones de este tipo; hay quien tiene preocupación por lo que ocurre en países subdesarrollados y paga cuotas a asociaciones que trabajan con esas naciones; y al final, también hay gente que piensa que la labor que hace la OCU es importante y se apunta», asegura el representante de esta entidad.

La ley también recoge que «las asociaciones de consumidores y usuarios podrán integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan idénticos fines y cumplan los requisitos específicos exigidos por esta norma». Este es el caso de Ceaccu (Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios), la primera asociación de consumidores creada en España, formada por 46 agrupaciones y federaciones regionales presentes en más de 1.000 municipios y que sobrepasan los 400.000 miembros. En Ceaccu hay tres vertientes, explican desde la entidad: «la de orientación jurídica, la información y la representación de los consumidores y usuarios». Los asociados solo deben registrarse para formar parte de la organización y recibir asesoramiento, sin necesidad de pagar, ya que se financian a través de subvenciones y fondos propios de las aportaciones de algunos socios. Según la entidad, las consultas 'estrella' de los usuarios son las referentes a telefonía y a transportes, sobre todo aerolíneas. Además, debido a la crisis hay cierta sensibilización sobre temas financieros, y los consultores reciben cada vez más llamadas de este tipo.

Las subvenciones públicas

La ley establece además que la obtención de subvenciones públicas no puede «mermar la independencia» respecto a las administraciones, además de integrar un órgano consultivo, el Consejo de Consumidores y Usuarios, que «será oído en consulta, en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de ámbito estatal relativas a materias que afecten directamente a los consumidores y usuarios». Estas premisas son algunas de las claves de la disputa entre Facua con el Ministerio de Sanidad. «Es necesaria nuestra participación en las leyes y que se oiga nuestra voz, y de hecho anteriormente nos preguntaron sobre cuestiones como la del 'medicamentazo'; pero ahora no nos dejan opinar, que es nuestro derecho», se queja Rubén Sánchez, el portavoz de la asociación.

Además, son críticos con los datos que la Administración proporciona del número total de asociados a las organizaciones de consumidores. «No salen las cuentas. Esto es porque algunas, no todas, son 'chiringuitos' que hinchan los registros para percibir más dinero. Si el Gobierno hiciese una auditoría, como nosotros pedimos, no pasarían estas cosas. Aparte, se mediría la representatividad real de este tipo de asociaciones», sentencia Sánchez. Si el Ministerio sigue adelante con la advertencia, Facua dejará de percibir unos 290.000 euros. «Nos hará daño, pero no nos detendrá», asegura el representante de Facua.