La presión contra la exclusión de los 'sin papeles' de la cobertura sanitaria comienza a dar resultados. El Gobierno da un paso atrás y ahora asegura que los enfermos crónicos que requieran un tratamiento serán atendidos a pesar de encontrarse en situación irregular. La factura será enviada a sus países de origen, según aseguró este viernes el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.
"Existen bastantes convenios de colaboración bilateral con otros países", explicó Rivero. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", aseguró. Estas declaraciones se suman a las del portavoz del PP, Manuel Cervera, que también ha garantizado que cualquier enfermedad grave o en proceso de tratamiento "continuará siendo tratada" aunque el paciente sea un inmigrante irregular. Sin embargo, la iniciativa es complicada de llevar a la práctica. La inestable situación política o económica de los países de origen de gran parte de los 'sin papeles' no hace prever acuerdos sencillos.
En cualquier caso, los opositores a la normativa consideran que la iniciativa va en la buena dirección. El secretario general de la Sociedad Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche mostró su "satisfacción" por la nueva propuesta del Gobierno. "Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida".
Tranche es uno de los más de 1.000 médicos objetores que han suscrito un documento en el que declaran su intención de seguir atendiendo a sus pacientes, aunque incumplan la normativa. Varias comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o País Vasco también habían mostrado su oposición.
Y es que el decreto que entra en vigor el 1 de septiembre obliga a 'los sin papeles' a pagar 710 euros al año (59,20 al mes), hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años, para suscribir un convenio que les permita acceder al sistema público de salud. También quedarían fuera del sistema los españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran firmar estos convenios.
