Una veintena de exministros de José Luis Rodríguez Zapatero y varios de sus exsecretarios de Estado perderán la indemnización a la que hasta ahora tenían derecho tras cesar en esa actividad, ya que el Gobierno ha decidido que no se cobrará si se percibe cualquier otro sueldo. Hasta ahora, en virtud de la ley 74/1980, estos altos cargos, al cesar, tenían derecho a cobrar el 80 por ciento del salario que percibían durante el mismo tiempo que hubieran estado al frente de esa responsabilidad y con un máximo de dos años.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros que desaparecen "desde ahora y para siempre" esas "cesantías" siempre que se reciba un sueldo, ya sea público o privado.
Esta incompatibilidad regirá también para los que hayan ejercido como presidentes del Congreso y del Senado, y para los expresidentes y exconsejeros de los organismos reguladores. Quienes estén percibiendo esta compensación cuando entre en vigor el real decreto aprobado hoy tendrán que elegir entre seguir recibiendo esa indemnización, o el sueldo o jubilación que cobran.
La medida aprobada hoy afecta a una veintena de exministros del Gobierno de Zapatero, aunque no es el caso del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque en julio del año pasado -cuando cesó como vicepresidente y ministro del Interior tras ser nombrado candidato socialista a la Presidencia del Gobierno- renunció a la indemnización. Ningún otro miembro del Gobierno de Zapatero ha anunciado públicamente que la rechazaba, por lo que compaginaban hasta ahora su sueldo de diputado con la indemnización como ex ministro Manuel Chaves, José Blanco, Antonio Camacho (en su calidad de exministro y exsecretario de Estado), Trinidad Jiménez, Francisco Caamaño y Carme Chacón.
A todos ellos les quedaba casi un año y medio por cobrar esa prestación, al igual que a Elena Salgado, Cristina Garmendia y Ángeles González-Sinde, que trabajan en el sector privado. Ángel Gabilondo y Miguel Sebastián regresaron a la universidad tras cesar como ministros en diciembre del año pasado, por lo que su indemnización también será eliminada.
Más afectados
Afectará igualmente a Beatriz Corredor, que es empleada pública; dejó el departamento de Vivienda en octubre de 2010, pero fue secretaria de Estado desde entonces. Ramon Jáuregui, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar y Leire Pajín, que desempeñaron el cargo de ministro poco más de un año, habrían gastado ya la mitad de la prestación y perderán el resto.
Por su parte, a Bibiana Aído le faltaría un año de "cesantía" debido a que abandonó la secretaría de Estado de Igualdad en julio de 2011. Les quedaba alrededor de tres meses de indemnización a María Teresa Fernández de la Vega (ahora en el Consejo de Estado), y a Celestino Corbacho (diputado autonómico en el Parlamento catalán), que salieron del Gobierno en la remodelación del 20 de octubre de 2010.
En situación similar están Miguel Ángel Moratinos (que trabaja como asesor de un proyecto de seguridad alimentaria impulsado por el emirato de Catar) y Elena Espinosa. De acuerdo con el real decreto aprobado hoy también dejarán de recibir la indemnización el expresidente del Congreso José Bono y el expresidente del Senado Javier Rojo si tienen un sueldo privado.
