El PP y PSOE han pactado renovar el próximo mes las cuatro plazas que están vacantes desde hace año y medio en el Tribunal Constitucional con juristas de reconocido prestigio y, en general, de un bajo perfil político. La renovación se ha pactado en solo dos semanas. Los dirigentes de los dos grandes partidos, presionados por el ultimátum que les dio en mayo el pleno del tribunal, han logrado un acuerdo acelerado que las estrategias e intereses partidistas hicieron imposible durante 19 meses.
Gracias al pacto, el Congreso designará en julio como nuevos miembros de la corte al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas y al catedrático de Filosofía del Derecho y exdiputado del PP, Andrés Ollero, a propuesta de los populares, y al catedrático de Derecho Laboral Fernando Valdés y a la magistrada del Supremo Encarnación Roca, a propuesta del PSOE.
Los designados relevarán al actual vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y a la jurista Elisa Pérez, ambos de tendencia progresista, y a los magistrados conservadores Javier Delgado y Roberto García-Calvo Los tres primeros tienen sus mandatos agotados desde noviembre de 2010 y la plaza del último está vacante desde mayo de 2008, cuando falleció sin que fuese sustituido.
Según admitió el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, populares y socialistas buscan con la elección de estos experimentados profesionales "prestigiar" el funcionamiento del Constitucional, que en los últimos años ha sido acusado de pérdida de independencia y de funcionar como un órgano político, con unas sentencias muy influidas por los intereses de los grandes partidos, que son quienes nombran a los magistrados.
El acuerdo de PP y PSOE no solo desbloquea la renovación del Constitucional. La negociación incluye el nombramiento de la exministra de Cultura con el último Gobierno de la UCD y exalcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, como nueva Defensora del Pueblo, para ocupar un cargo en interinidad desde que en el verano de 2010 cesó Enrique Mugica. Tendrá como adjunto y sustituto en la institución al exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán.
El proceso pactado de renovaciones también supone la sustitución de los doce miembros del Tribunal de Cuentas, en funciones desde hace un año y medio, y de los cinco puestos vacantes desde septiembre de 2011 en la Junta Electoral Central.
