Más de la mitad de edificios tiene que eliminar aún las barreras arquitectónicas

Muchas comunidades han optado por instalar elevadores para mejorar la accesibilidad./Jorge Pastor
Muchas comunidades han optado por instalar elevadores para mejorar la accesibilidad. / Jorge Pastor

El coste medio de una actuación básica de adaptación, que se tendría que haber ejecutado antes del pasado 4 de diciembre, es de unos 16.000 euros

Jorge Pastor
JORGE PASTORGranada

La ley dio un periodo de dos años. Dos años para que todas las comunidades de propietarios adaptaran sus espacios comunes para las personas con problemas de movilidad. Y el 4 de diciembre pasaron los dos años y, según estimaciones realizadas por la asociación La Ciudad Accesible, entre el 55% y el 60% de los edificios de la provincia no han hecho aún los deberes. Desde hace unos meses, los administradores de fincas no paran de convocar juntas para abordar un punto que ya es de obligado cumplimiento y que supone rascarse el bolsillo sí o sí.

Un porcentaje importante se localiza en entornos antiguos o históricos, donde el principal condicionante es el diseño de las construcciones, y los que tienen más de treinta años, muchos de ellos erigidos en la época del desarrollismo, que se ejecutaron sin tener en cuenta cuestiones tan básicas como un ascensor -solo un diez por ciento de bloques de más de tres alturas no lo tienen-. La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, en 2006, conllevó un importante avance en este sentido.

Los porcentajes

55%
Se estima que entre el 55 y el 60% de las comunidades no están adaptadas.
70%
Las ayudas para mejoras funcionales cubren hasta el 70% de la inversión.

¿De cuánto dinero hablamos? Aunque resolver esta incógnita parece un tanto baladí tratándose de algo tan básico como el derecho de los ciudadanos a la accesibilidad universal, sí que estamos hablando de una inversión con cierta repercusión, y más si tenemos en cuenta el perfil de muchos de los que viven en estos inmuebles: jubilados y pensionistas. Según las empresas especializadas, los presupuestos dependen de infinidad de circunstancias. Serán mayores o menores en función de aspectos como la superficie, si es preciso habilitar una meseta o descansillo... Realizada esta importante apostilla, lo usual es que el coste ronde los 16.000 euros, IVA incluido, para un proyecto básico. Estamos hablando de unos 1.600 euros para desescombros, 2.800 euros para rampas y accesos, unos 2.500 euros para una puerta de entrada de acero, 4.000 euros para mármol y granito, 2.000 euros para escayolas y yesos y, por último, unos 2.500 euros para decoración. A todo ello habría que sumar que, 'ya puestos', se acometen otro tipo de mejoras como reemplazar los antiguos buzones por otros nuevos, cambios en el sistema de iluminación y en muchos casos, también, la ubicación de cámaras de videovigilancia para evitar posibles actos vandálicos.

Más datos

9.000
euros es el precio de un elevador para sortear los escalones de la entrada principal.
22.000
euros puede costar la instalación de un ascensor, sin tener en cuenta las obras.
16.000
euros cuesta la adaptación básica del escalón de entrada y la clásica rampa.
357.000
euros destinó la Junta destinó el año pasado para ayudas a la accesibilidad.

Al margen de todo esto, existen otro tipo de soluciones, como la colocación de elevadores para sortear las escaleras de la entrada, un tipo de dispositivo que cuesta en torno a los nueve mil euros -en el mercado se pueden encontrar muchos modelos más o menos económicos-. Si se toma la decisión de instalar un ascensor, las cifras también varían mucho. La horquilla va de los 13.000 a los 22.000 euros en función también de múltiples variables como el número de plantas, los acabados... Aunque la parte del león se la llevará la apertura del hueco para que la cabina suba y baje.

La mayor parte son bloques en cascos antiguos y con más 30 años de antigüedad

Hablamos de un desembolso importante, aunque la ley establece una serie de límites. La adecuación no debe suponer una «carga desproporcionada o indebida». Entendiendo por 'desproporcionada' cuando el coste de los trabajos, repercutido en el cómputo de un año y descontando las subvenciones o ayudas públicas de las que se puedan beneficiar, no exceda de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Así lo dice la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana que modifica la Ley de Propiedad Horizontal. En el supuesto de que se rebase ese techo, los vecinos tienen que reunirse en una asamblea y el acuerdo debe ser adoptado por una mayoría simple que represente, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación. La solicitud debe partir de algún residente con discapacidad, aunque también pueden ser peticionarios los que tengan más de setenta años.

El reto de poner de acuerdo

El gran reto, por tanto, es poner de acuerdo a todo el mundo. Misión complicada. El primer obstáculo es el escalón de la entrada, que hay que rebajarlo. Esto conlleva sustituir la puerta. Tampoco vale una rampa cualquiera. En función del espacio disponible, la inclinación no puede superar en ningún caso el diez por ciento. La normativa contempla además la implementación de una doble baranda para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Para evitar todo esto hay una opción mucho más costosa: bajar la cota del ascensor. El debate se complica desde el momento en que, aprovechando la oportunidad, se plantean otras actuaciones que poco o nada tienen que ver con el 'objeto de la cuestión' y que habitualmente se vinculan al ornato o los revestimientos. Todo ello encarece la operación.

El desembolso requiere junta cuando se supera el importe de las doce cuotas ordinarias

Realmente, el marco normativo que afecta a las comunidades es muy amplio. Hay hasta once textos, entre leyes, reales decretos y decretos, que establecen diferentes criterios y procedimientos para avanzar en un asunto tan sensible como la accesibilidad.

Todo lo apuntado es extensible al ámbito de lo público. Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que desde que rige la legislación actual todos los entornos -calles y plazas, edificios o transportes- se construyen o se reforman eliminando las barreras arquitectónicas. Las intervenciones en espacios anteriores sí dependen de las posibilidades técnicas o presupuestarias, señalan. La Junta sostiene que «es necesario que el Estado apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad y destine financiación específica» de la que se puedan favorecer tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.

Ayudas de la Junta para mejorar la accesibilidad

La inversión para mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios son cuantiosas, pero también se pueden solicitar ayudas a la Junta enmarcadas en la línea de adecuación funcional. En la última convocatoria, la correspondiente a 2017, la administración regional liberó 357.000 euros para este fin en la provincia. Todo ello permitió que se beneficiaran los propietarios de 267 viviendas. También se generó una actividad económica de 509.000 euros. Conviene reseñar que estas subvenciones van destinadas sólo a mayores de 65 años y personas con discapacidad. Se cubre el setenta por ciento de la intervención.

Gracias a estos recursos en el periodo comprendido entre 2003 y 2017 se han instalado en Granada unos 330 ascensores.

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