La losa de los años de oro de Atarfe

El Supremo ha ordenado revisar la sentencia que absolvió a los acusados de construir el residencial de lujo Medina Elvira en zona protegida. De aquella ambiciosa operación hoy queda un macrocomplejo fantasma y 40 familias hipotecadas sin casa... y no es la única herencia del boom inmobiliario

Alfredo Aguilar
ÁNGELES PEÑALVERGranada

El plan estrella del Atarfe del 'boom' inmobiliario fue la urbanización Medina Elvira, un residencial de lujo con campo de golf que hoy tiene un aspecto decadente y ruinoso, pese a que vigilantes privados tratan de impedir el expolio de las viviendas, ubicadas cerca del pantano de Cubillas. Pese a su decrepitud, el complejo está de actualidad porque el Tribunal Supremo acaba de anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que absolvía a los acusados por la construcción, en una zona protegida, de esa macrourbanización y su campo de golf.

El Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por las asociaciones Salvemos la Vega, Adobe y Ecologistas en Acción, por lo que el órgano provincial tendrá que pronunciarse sobre todos los hechos y delitos que habían sido objeto de acusación, alguno de los cuales habían sido «indebidamente excluidos» del enjuiciamiento, según figura en el fallo. La zona, desde luego, vuelve a ser salvaje, porque los caballos pastan por los terrenos que iban a ser un campo de golf y las hierbas depredan el cemento.

Quienes recurrieron pedían la anulación de la sentencia de la Audiencia que exculpó al promotor inmobiliario Maximiliano Balboa y al secretario y al arquitecto municipales, con peticiones de pena de la fiscalía de entre dos y cuatro años de prisión. Y por otra parte, que el exalcalde Víctor Sánchez, que no llegó a ser juzgado por su estado de salud, fuera enjuiciado.

La losa de los años de oro de Atarfe se vuelve a remover y bajo ella hay muchos desmanes. Según recuerda la actual teniente alcalde y concejala de Urbanismo, Rosa Félix, del partido Por Atarfe Sí -apoyado por Podemos-, de 3.500 viviendas planificadas en Medina Elvira, sólo se iniciaron las obras de 990, se terminaron 430 y llegaron a tener propietario apenas 45. «El Ayuntamiento sacó 275 millones de plusvalías y estimamos que hay unos 1.000 millones enterrados. Fue el mayor desastre urbanístico de todos. Las familias fueron estafadas por los promotores y los anteriores responsables municipales que concedieron la licencia de primera ocupación a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos de ocupación y habitabilidad», abunda.

Juan Antonio Aquino, el abogado administrador de una de esas comunidades fantasma, cuenta que sólo dos familias residen ahí todo el año y que tienen miedo, pero que depositaron sus ahorros en la compra de esas casas y ahora no tienen otra opción de vida. «Les dieron agua de forma cautelar aunque la cortan ocasionalmente, pese a que pagan sus impuestos. En total, 43 familias compraron y están hipotecadas, sobre todo ingleses, pero vivir ahí es casi imposible, por eso se han ido los pocos que intentaron residir en la zona. Las piscinas no están abiertas y hay mucho destruido tras los saqueos, además no hay ni comercios ni servicios», narra el letrado.

Concretamente, Medina Elvira dio lugar a dos casos judiciales, Medina Elvira I - cuya sentencia acaba de ser anulada por el Supremo- y Medina Elvira II: pendiente de juicio por construir por encima de lo permitido y en suelo protegido y por dar la licencia de primera ocupación con la obra sin terminar y las viviendas funcionando con agua y luz de obra.

Hoy en la enorme urbanización parece que hubiera caído una bomba nuclear. Los grandes bloques abandonados están, en su mayoría, en manos de bancos y algunos mantienen vigilantes de seguridad para que no sigan expoliando los edificios. El intento es en vano. Ingleses, americanos y ciudadanos de Oriente Medio, en su mayoría, compraron atraídos por lo que iba a ser una urbanización de lujo. Ahora los vándalos campan a sus anchas por ella, reconoce uno de los vigilantes. «A veces aparece una furgoneta y van cargando todo lo que pueden, hasta que los pillan. También ha habido intentos de ocupaciones ilegales, pero la presencia habitual de seguridad los ha disuadido», zanja.

Medina Elvira es la principal joya de una herencia que hoy día da quebraderos de cabeza a los vecinos y a la actual corporación municipal. Pero hay más perlas. En Atarfe se construyeron más de 5.000 viviendas en el trienio de oro 2004-2007. En concreto, en el año 2006 -siendo alcalde el socialista Víctor Sánchez- se visaron 3.858 proyectos en Atarfe por el colegio de Arquitectos. En Granada capital fueron 1.100 menos. El pueblo aglutinó ese año el 25% de la actividad urbanística de la provincia.

1) En la zona de la Plaza de Toros se lucha contra las ocupaciones ilegales y las viviendas valen menos de la mitad que hace diez años. / 2) En el barrio de la Plaza de Toros los guardas de seguridad los ponen los bancos. / 3) Imagen del Corredor Verde, un bonito parque en mal estado de conservación. / FERMÍN RODRÍGUEZ

Aquel crecimiento desmesurado trufó la población de urbanizaciones -hoy muchas son fantasmas- y de proyectos municipales como la Plaza de Toros o el Corredor Verde, aún pendientes de pagar y en mitad de un reguero de pleitos tras la cuestionada actuación del exalcalde socialista Víctor Sánchez.

El exregidor se enfrenta a algo más de una docena de causas penales, en su mayoría cerradas provisionalmente por parte de la Audiencia Provincial de Granada a tenor de su estado de salud, sin que exista condena alguna sobre él hasta la fecha.

Plaza de Toros

En el sector de la Plaza de Toros -según la edil Rosa Félix- se construyeron viviendas con la urbanización de las calles sin terminar pese a que los vecinos residen allí desde hace años. «Cuando llegamos había arquetas sin poner y aceras sin hacer, pero ya está solucionado. El principal problema ahora es la ocupación ilegal de casas vacías, ya que la mayoría no se vendió y pertenece a a los bancos», explica Nieves, una residente en la zona. «Se dieron licencias de primera ocupación y los promotores no habían pagado las obras de urbanización. Para el Ayuntamiento es una situación muy complicada porque es muy difícil coger a los promotores para que paguen», abunda la edil. La Asociación de Propietarios Plaza de Toros de Atarfe reúne a representantes de unas 70 familias del barrio, terminado en 2009 y cuyas casas empezaron a entregarse y venderse sin tener esas licencias de primera ocupación. Eso quiere decir que el barrio era alegal y desde el inicio sufrió problemas para contar, entre otras cosas, con servicios de limpieza a la zona.

Ahora por las calles del Estoque o del Capote, por ejemplo, deambulan vigilantes pagados por los bancos para evitar la ocupación ilegal de viviendas para cultivar droga. «Aquí antes de echar a los okupas los niños no podían salir a la calle porque se había maleado mucho el ambiente», explica otro vecino.

El malogrado Coliseo

Con todo, la deuda más cuantiosa que ha heredado el actual Ayuntamiento de la época de Víctor Sánchez guarda relación con la construcción de la propia Plaza de Toros, el Coliseo, cuya obra se licitó por 2,7 millones si bien el coste real se disparó hasta los siete millones, asegura Rosa Félix, de Por Atarfe Sí. La empresa municipal dedicada por entonces a la gestión del urbanismo, Proyecto Atarfe, hoy en proceso de liquidación, solicitó varios préstamos. Una vez construida la plaza y los locales comerciales, que sí se pagaron debidamente, Proyecto Atarfe solicitó en 2009, con el aval del Ayuntamiento, un préstamo al Banco Santander de 7,5 millones para refinanciar y unificar varios de los préstamos solicitados con anterioridad para la operación Coliseo.

El impago de los mismos dio lugar tres años más tarde a la ejecución hipotecaria por sentencia firme. Según cuentan desde el Ayuntamiento, a la cantidad reclamada de 7,3 millones de euros se suman los intereses y las costas del juicio por importe de otros 2,2 millones. «En total, la deuda pendiente con el Santander por la operación de la Plaza de Toros asciende a 9,5 millones de euros», zanja Félix. Los tribunales ordenaron el embargo de 12 locales comerciales de la Plaza de Toros y 24 propiedades más del Ayuntamiento. «Pero entre ellas había varias posesiones de dominio público y no se podía ejecutar, como la Escuela de Música, el Hogar del Pensionista, el edificio de Servicios Sociales, un espacio libre en el polígono de los Álamos, aparcamientos y varias propiedades pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo. Estamos en trámite de pedir financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder hacer frente al pago de esta deuda y de otras reclamaciones de cantidad que tienen sentencia firme, es una tarea de sudor y lágrimas», apostilla la actual concejala de Urbanismo.

Por otra parte, el Coliseo -que sí es propiedad municipal- sigue clausurado. «Hemos constatado que no cumple con las medidas de seguridad. Estamos estudiando cómo se arregla y pretendemos que se puede dar uso a ese edificio que en total ha costado al pueblo 16 millones».

Juana Sabiote. / FERMÍN RODRÍGUEZ

«Cuando llegué a mi casa recién comprada no tenía luz ni agua»

Juana Sabiote es la presidenta de la asociación de vecinos de la Plaza de Toros, una zona de casas adosadas con la mayoría de ellas vacías y cuyos problemas -antes de la aparición masiva de okupas con fines delictivos- empezaron cuando las compraron sin saber que no tenían licencia para ser habitadas. «A mí me dieron luz y agua de obra. Fue muy duro, se la pagábamos al constructor y logramos la licencia de habitabilidad tras pleitos», apostilla la mujer, quien evoca el verano de hace tres años, cuando echaron a los inquilinos ilegales y los bancos pusieron seguridad privada para que no se delinquiese en las viviendas vacías. «Ahora han bajado muchos los precios y a ver si se vende, porque aquí se vive bien», asegura.

El corredor verde

La construcción del Corredor Verde, parque habilitado en los terrenos colindantes con la autovía 92, acabó igualmente en los tribunales, que finalmente condenaron al Ayuntamiento a pagar casi cuatro millones de euros a Ingra S.A., hoy Visogsa, empresa de la Diputación de Granada. «En su día no se pagaron las certificaciones de obra y hemos heredado esa deuda. Tampoco se pagó a los propietarios, unos 15, de los terrenos expropiados para crear ese parque. Esta última deuda no estaba tasada, pero a nosotros nos sale sobre dos millones y tenemos que hacer frente a ellos», se despide la concejala Rosa Félix.

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