Educar por lo criminal

Un joven que acaba de cumplir trabajos comunitarios por un delito cometido cuando era menor de edad, en un parque de Granada./EDU BOTELLA / AGM
Un joven que acaba de cumplir trabajos comunitarios por un delito cometido cuando era menor de edad, en un parque de Granada. / EDU BOTELLA / AGM

La mayoría de los menores de 18 años que delinquen en Granada se rehabilitan sin tener que ser encerrados | La mayor parte de los casi 1.400 menores juzgados en 2016 en Granada fueron condenados a ayudar a los demás o a sí mismos y sólo 253 fueron encerrados

Carlos Morán
CARLOS MORÁNGranada

La niña más conflictiva del pueblo se dejó ver en público con su flamante bata blanca. Quería que todos supieran que había sido 'condenada' a atender a los ancianos de la residencia de mayores y que estaba orgullosa de hacerlo. La chica de los porros y los robos sintió la necesidad imperiosa de comunicar a sus vecinos que había encontrado su lugar en el mundo. La bata blanca era la bandera que anunciaba la victoria. Es un hecho real y una buena noticia, que, según dicen, tienen peor venta que las malas. Quizá por eso se ven tan poco. Pero ocurren y con una frecuencia nada desdeñable. El año pasado en Granada, sin ir más lejos, hubo más de mil historias similares a la que introduce este reportaje. En concreto, fueron 1.092, que es el número de niños y adolescentes de entre 14 y 17 años que purgaron sus delitos sirviendo a la sociedad -a partir de los 18, empieza el territorio de la justicia de los adultos- sin tener que entrar en los centros de internamiento, que es la pena más severa que prevé la ley para los delincuentes infantiles y juveniles.

Es verdad que hubo que encerrar a 253 chavales, pero la gran mayoría de los menores infractores 'censados' en Granada en 2016, que como se ha dicho fueron 1.092, pagaron sus culpas con lo que los expertos en la materia llaman 'medidas en medio abierto'. La mayor parte de ellos no reinciden, lo que certifica el éxito social -y hasta económico, porque el delito, a la postre, siempre sale más caro que la reinserción- de un sistema que apuesta prácticamente todo a la reeducación de los reos. Y casi siempre gana. Hay fracasos, sí. Y también crímenes monstruosos. Pero el porcentaje es ínfimo. Lo que sucede es que es más fácil -y seguramente más rentable en términos mediáticos- poner el altavoz a un asesinato que a la conversión del asesino.

La jurisdicción de menores se rige por la ley de la segunda oportunidad -de hecho, cuando los chicos cumplen los 18 sus antecedentes son borrados-. O de la tercera y la cuarta, en el caso de los muchachos más recalcitrantes, que también los hay. Pero casi siempre se consigue el objetivo. Y en el 80% de los casos -la proporción es esa desde hace lustros- no es necesario encerrar a los niños.

En este sentido, en Granada, 510 fueron condenados a permanecer en libertad vigilada durante un determinado periodo de tiempo, que, al contrario de lo que pudiera parecer, no es algo 'estático' ni mucho menos. La libertad vigilada incluye contenidos como «apoyo al sistema normativo familiar, seguimiento y apoyo escolar y control del grupo de iguales». En otras palabras, que el adolescente en cuestión deberá cumplir una serie de objetivos -por ejemplo, tendrá prohibido frecuentar determinadas amistades y habrá de esforzarse en los estudios- y, para ello, habrá de someterse a la constante supervisión de un equipo de expertos dependientes del juzgado.

Si intenta escaquearse y no atiende a las indicaciones de los educadores, el juzgado puede ordenar el internamiento del rebelde -es lo que sucede habitualmente-. Luego la libertad vigilada es una especie de espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los menores infractores y no les conviene forzar su caída.

«Elige no delinquir»

«Hay chicos que tienen tan interiorizado que el delito es un modo de vida, que nuestro mayor esfuerzo va dirigido a convencerlos de que pueden elegir no delinquir, que pueden hacer otras cosas. Ellos te dicen: '¿Para qué, si los robos se me dan bien?'. En esos casos, el objetivo es conseguir que no reincidan. Pero en otros, que se saquen el Bachiller, porque pueden. Cada chaval es un mundo», explica una de las expertas de Meridianos, la asociación sin ánimo de lucro a la que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, cuya máxima responsable en Granada es la delegada del Gobierno Sandra García, ha confiado el seguimiento de la ejecución de las medidas en medio abierto.

La libertad vigilada también puede conllevar la obligación de que el menor de que se trate se someta a terapia psicológica y psiquiátrica si padece algún trastorno mental (136 jóvenes granadinos en 2016) o tiene problemas con las drogas (167).

En un escalón inferior estarían las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad, que sumarían 104 y 97 condenas en 2017.

Este tipo de medidas son las que más suelen llamar la atención porque habitualmente el castigo está relacionado con la naturaleza del delito cometido. Así, hubo un chico que robó en una peluquería y tuvo que aprender ese oficio en una academia de estética. El examen final consistió en pelar al juez Emilio Calatayud, que fue el que dictó la sentencia. Aprobó.

También hay chavales que hicieron pintadas en el Albaicín y colaboraron con Inagra en la limpieza del barrio. O muchachos que se saltaron a la torera las normas de tráfico y acompañaron a accidentados con daño cerebral.

Incluso un adolescente solicitó trabajar en la cantera del Granada CF después de que fuera condenado a limpiar los vestuarios al haber sido sorprendido cuando robaba en la Ciudad Deportiva.

Pero para entender bien la efectividad de esta educación 'por la criminal' lo mejor es escuchar a una chica que se redimió con un trabajo en beneficio de la comunidad en un Ayuntamiento de la provincia: «He conocido a gente que nunca me imaginé que podría llegar a formar parte de mí».

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