Cien menores son víctimas de delitos sexuales cada año en la provincia

Niño enfadado rompe unos juguetes./RAMÓN L. PÉREZ
Niño enfadado rompe unos juguetes. / RAMÓN L. PÉREZ

De todas las denuncias que se presentan anualmente, más de la mitad tiene a un niño como damnificado y el 25% de ellos no ha cumplido los 13 años

Ángeles Peñalver
ÁNGELES PEÑALVERGranada

Cada semana hay dos menores granadinos que son víctimas de un delito sexual. Así de crueles son las estadísticas del Ministerio de Interior. En concreto, en el año 2016 -últimos datos disponibles- hubo 102 delitos de sexuales contra menores de 18 años que engloban tanto los casos más agresivos y con violencia física como los menos virulentos. La mitad de ellos se produjeron contra víctimas que ni siquiera habían cumplido los 13 años.

Según las cifras registradas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, de los mencionados, seis fueron agresiones sexuales con penetración a menores de 13 años y cuatro a adolescentes hasta 18 años. Y del total, 72 correspondieron a delitos contra la libertad e indemnidad sexual (acoso, abuso, exhibicionismo...). Mirando las cifras de años anteriores, las medias también arrojan ese centenar de críos obligados a realizar actos sexuales o abusados mediante tocamientos en la provincia.

Desde la oenegé Save the Children advierten de que, a pesar de la magnitud de las cifras, la mayoría de los casos de violencia contra la infancia no salen a la luz ni llegan a la Policía. Los niños no saben cómo denunciarlo, les da miedo o a veces ni siquiera saben que están siendo agredidos.

Seis casos juzgados fueron agresiones con penetración a menores de 13 años

«Salvo los datos de niños víctimas de delitos que recoge el Ministerio del Interior, no existen registros oficiales que ayuden a dimensionar esta realidad en todas sus formas», explica Javier Cuenca, responsable de Save the Children Andalucía. Y la entidad recalca otra dura realidad: de todas las denuncias presentadas por delitos sexuales en España, más de la mitad tiene a un niño como damnificado.

En Granada es así. De todas las denuncias presentadas por abuso sexual en la provincia -fueron 184 en el año 2016- más de la mitad -102- tenían a un menor como víctima. Y lo mismo ocurrió en 2015, cuando se constató que 83 menores habían sido víctimas de delitos sexuales frente a un total de 196 damnificados de todas las edades. En 2011, por ejemplo, hubo 219 condenas por estos delitos, de los que 102 se cometieron contra menores de edad.

Javier Cuenca insiste en la urgencia de la aprobación de una Ley de erradicación de violencia contra la infancia para que no haya ni una muerte ni un abuso más. «El abuso sexual a menores se suele extender de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar esa barbarie ni para que el niño o niña pueda denunciarlos», apostilla el delegado de la entidad en Andalucía.

Formación para combatirlos

Los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer qué está pasando. Según un informe de la oenegé Save the Children, tan sólo en un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes.

«Por eso, es imprescindible que la Administración autonómica modifique el Protocolo de Actuaciones ante el Maltrato Infantil en el ámbito educativo para que cuando el niño o la niña revele el abuso a un profesional, se notifique directamente a las autoridades, sin necesidad de que exista una sospecha fundada sobre la veracidad de la revelación», afirma Javier Cuenca.

Denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso, según la entidad. El proceso judicial dura de media tres años, en este periodo los niños tienen que repetir su declaración «hasta tres veces».

Además del trauma que supone para el menor, declarar en estas condiciones conduce a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en seis de cada diez casos en Andalucía, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.

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