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Un juez de Granada investiga el destino de ayudas millonarias de la Junta a consorcios de empleo

Una de las unidades territoriales de empleo de la provincia.
Una de las unidades territoriales de empleo de la provincia. / IDEAL
  • El Juzgado de Instrucción 9 ha pedido identificar a alcaldes y al delegado de Empleo entre 2010 y 2012 por la contratación de personal con cargo a subvenciones que ascendieron a 57 millones en toda la comunidad

El caso de los consorcios de empleo, en el que la Fiscalía de Granada denunció hace dos años una posible malversación de fondos públicos a raíz de una serie de anomalías contables detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía, sigue vivo. Según confirmaron ayer fuentes del ministerio público, la causa está abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, cuyo titular es el magistrado José Luis Ruiz Martínez. «Por el fiscal se solicitó la inhibición a los juzgados de Sevilla, pero se ha confirmado la competencia del Juzgado de Instrucción 9», señalaron las citadas fuentes.

El juzgado, además, estaría ya programando para marzo interrogatorios, tras pedir que se identifique a los alcaldes que formaron parte de estos consorcios, así como a la persona responsable de la Delegación de Empleo de la Junta en las fechas investigadas. Así, mientras en los juzgados de Sevilla se investigará a los dos directores generales de Calidad de los Servicios para el Empleo del SAE que hubo entre 2010 y 2012, en Granada capital se analizará lo relacionado con la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El juzgado tratará ahora de determinar si los consorcios pidieron efectivamente las ayudas para promocionar el empleo en zonas rurales y si éstas fueron concedidas, así como intentará averiguar qué se hizo con el dinero en caso de que no llegase a su destino.

Fue en 2014 cuando la Fiscalía Superior de Andalucía abrió unas diligencias de investigación penal sobre estas presuntas irregularidades. Las anomalías detectadas tenían que ver con la contratación de personal de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). La fiscalía andaluza actuó a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) recibida en la Fiscalía de Sevilla y basada en las conclusiones de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esa investigación derivó en una denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada en los juzgados de la capital por un posible delito de malversación de caudales públicos, pero también por posible fraude o prevaricación administrativa. Como la denuncia incluía a dos altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla, los juzgados de Granada se inhibieron a favor de los de la capital hispalense, pero finalmente será aquí donde ser investigue la parte que corresponde al ámbito del partido judicial de Granada, a fin de tratar de esclarecer si el dinero de aquellas subvenciones, que ascendieron en Andalucía a más de 57 millones de euros, fue empleado para el fin para el que estaba previsto. En su denuncia, la Fiscalía de Granada consideraba que «los eventuales artificios o engaños para la concesión de las ayudas o subvenciones se han debido cometer en el ámbito de las delegaciones provinciales para poder recibir las subvenciones», de ahí a que en su día la remitiese a los juzgados de la capital.

17 unidades territoriales

En Granada fueron 17 los consorcios UTEDLT. Estos agrupaban a distintos municipios y no todos serán investigados en la ciudad, sino solo los circunscritos al partido judicial de Granada, que serían aproximadamente una tercera parte. Los consorcios que la fiscalía incluyó en su denuncia son: Loja, del que formaron parte 8 ayuntamientos; Baza (8); Motril (13); La Zubia (10); Alhama de Granada (6); Padul (8); Santa Fe (1); Guadix (18); Comarca de Huéscar (mancomunidad de municipios de la comarca de Huéscar); Atarfe (7); Marquesado de Guadix (10); Cadiar (9); Iznalloz (14); Armilla (10); Órgiva (14); Río Verde (4); Alfacar (8).

Las UTEDLT son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia. Están participadas por el SAE y por la administración local, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Según sostenía la denuncia del ministerio público, durante los años 2010, 2011 y 2012, el SAE concedió ayudas a estos consorcios (un total de 95) por 57.340.676 euros. «Al parecer, todos los consorcios cuentan con una misma estructura orgánica, estableciéndose un consejo rector, con diferentes cargos, compuesto entre otros por los delegados provinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, así como por los alcaldes de los ayuntamientos consorciados o presidentes de las mancomunidades», explica la denuncia.

Junto a ello, se especifica que la estructura de la plantilla laboral de los consorcios está conformada por «una estructura básica, integrada por el director y el personal técnico y administrativo, y una estructura complementaria, compuesta por los llamados Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPEs)». Los consorcios, como prosigue el escrito, se financiaban con las aportaciones autonómicas y de las entidades consorciadas. Así, mientras que el SAE sufragaba el 100% de los gastos del personal que conformaban la estructura básica, aportaba un porcentaje de cofinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria. «Dicha cofinanciación se establecía en función del número de habitantes del municipio afectado, si bien, conforme al informe de auditoría, la falta de capacidad económica de las entidades locales afectadas habría provocado la financiación total por parte de la Junta», señalaba la fiscalía.

El ministerio público sostenía que todos esos gastos de personal eran sufragados mediante subvenciones que cubrían gastos salariales, incentivos por consecución de objetivos e indemnizaciones por extinción de los contratos laborales. Se da la circunstancia de que la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el informe de fiscalización que hizo sobre ese período, determinó que en muchos de los casos, en los consorcios analizados, «existe una carencia de documentación acreditativa que impide verificar la efectiva realización de las actividades previamente subvencionadas».