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Juanjo Cerero
Sábado, 3 de diciembre 2016, 01:32
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El ejecutivo que lidera Mariano Rajoy anunció esta semana que, tras un acuerdo con el PSOE, el salario mínimo interprofesional (SMI) subiría un 8% en 2017. Lo cierto es que en un contexto de dificultad presupuestaria y con el ojo escrutador europeo sobre el déficit la economía española no está para dispendios, por lo que esta medida tiene más de fuegos artificiales que de receta efectiva para incrementar los salarios.
El propio secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, apuntó a este hecho ayer mientras declaraba en rueda de prensa. Según sus propios cálculos, unos 223.000 trabajadores se verán afectados por el incremento del SMI, que alcanzará los 707,6 euros mensuales en catorce pagas cuando empiece 2017. Este número apenas supone el 1,25% del total de trabajadores. El efecto sobre los salarios que se habrán de pagar será incluso menor; según Riesgo, la masa salarial del país se incrementará apenas en un 0,6%, hecho que le hizo asegurar que la nueva revisión «no tendrá impacto» sobre la «competitividad» del mercado laboral español.
Aunque el secretario de Estado de Empleo no ofreció datos relativos a comunidades autónomas o provincias, un cálculo aproximado que tenga en cuenta la relación entre las masas de trabajadores de Granada y España indica que el número de personas que pueden verse afectadas por la medida anda entre las 3.500 y las 4.000 personas.
Teniendo en cuenta que a lo largo de este año cobraron 655,2 euros en catorce pagas y que el incremento del 8% en el SMI elevará la cifra hasta los 707,6 euros, el impacto que la nueva situación tendrá sobre la masa salarial de la provincia es limitado. En concreto, la variación en la cantidad que los empleadores tendrán que pagar a sus asalariados será, en conjunto, de entre 2,5 y 3 millones de euros.
En cualquier caso, parte del dinero que costará esta modesta medida no tardará mucho en volver a las arcas públicas. Alrededor de uno de cada cinco euros de esos millones habrán de regresar a la Hacienda Pública en forma de tributación por IRPF, lo que en el caso de Granada rondará el medio millón de euros.
El Salario Mínimo Interprofesional, que apareció por primera vez en la legislación española en 1963, se revisa anualmente. La de este año ha sido un incremento polémico, ya que el pacto entre PP y PSOE se produjo a espalda de los interlocutores sociales. La revisión al alza del SMI en un 8% fue una de las condiciones que puso sobre la mesa el Partido Socialista para apoyar el objetivo de déficit para el año propuesto por el nuevo Gobierno. Los sindicatos aseguraron el pasado jueves que el Ejecutivo «había hurtado al diálogo social la negociación del SMI al situarla en el ámbito político y parlamentario».
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