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El perito del Ayuntamiento de Atarfe responsabiliza al exalcalde de las irregularidades en la gestión de una parcela

Víctor Sánchez no ha acudido a la primera sesión del juicio contra él por enfermedad

efe

Martes, 2 de febrero 2016, 12:55

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La Audiencia de Granada ha celebrado hoy la primera sesión del juicio por prevaricación ordinaria y urbanística en la gestión de una parcela de viviendas de Atarfe, sin la presencia del exalcalde Víctor Sánchez (PSOE) por enfermedad, y a quien el perito ha responsabilizado de los hechos irregulares.

La Fiscalía solicitó en su escrito provisional de acusación un año de cárcel y 16 de inhabilitación para cargo público para el exalcalde Víctor Sánchez (PSOE) y el que era arquitecto municipal en el momento de los hechos, Luis Gustavo G.C., ambos acusados de prevaricación ordinaria y urbanística.

La primera sesión del juicio se ha celebrado solo contra el arquitecto después de que la Audiencia acordara el sobreseimiento provisional de las causas contra Sánchez por su precaria salud.

Durante las cuestiones previas, el abogado de Luis Gustavo ha advertido del "riesgo procesal" que conlleva celebrar el juicio sin Sánchez, ha considerado que se vulnera la tutela judicial efectiva y ha interesado suspender la vista, lo que le ha sido denegado.

Los hechos se remontan a abril de 2004 cuando la promotora Grupo de Gestión y Dotación de Suelos (GDS) firmó un convenio urbanístico con el exalcalde socialista que incluyó una enajenación del aprovechamiento urbanístico y el incremento de la edificabilidad y la densidad permitida en las Normas Subsidiarias de Atarfe.

El acusado ha detallado que todo lo apuntado en sus informes "lo permite la norma" y ha recordado que actuó siguiendo la número 41, que sigue vigente y que ya existía cuando empezó a trabajar en el Ayuntamiento en 1999.

Ha negado que interviniera en la resolución de los convenios y que pactara cualquier ilegalidad con el exalcalde y ha apuntado que desde el municipio preguntaron a la Junta de Andalucía sobre el proceder en casos similares sin haber obtenido respuesta alguna.

Entre los años 2005 y 2006 y en diferentes actos administrativos, permitieron modificar la tipología de viviendas para pasar de unifamiliar a plurifamiliar, una modificación "claramente ilícita" según la Fiscalía por ampliar la edificabilidad, violar los parámetros urbanísticos y omitir las garantías de control.

El exarquitecto ha subrayado que no hubo merma ni pérdidas para el municipio, que en ningún momento se planteó que su proceder fuera ilegal hasta que años después y tras unas elecciones, cuando llegaron las primeras denuncias por urbanismo en un municipio.

Un perito ha declarado que se aplicó de manera indebida la norma 41 del planeamiento local, una irregularidad en el cambio de la tipología de las viviendas que ha arrastrado otras modificaciones ilegales.

Ha subrayado que la resolución de Alcaldía que firmó Sánchez en solitario fue el paso administrativo que "rompe la legalidad" en un juicio que continuará mañana con la declaración de testigos.

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