Los anteriores propietarios de los terrenos de Minas de Alquife anuncian acciones legales

Así reacciona la Administración Concursal del matrimonio Sánchez Ferre-Redondo, antiguos propietarios de los terrenos en los que se ubica la explotación minera, después de que este lunes el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se haya reunido con representantes de Minas de Alquife y con los alcaldes de la comarca, para anunciarles que la Junta ha culminado la fase de trasmisión de los derechos mineros del yacimiento de Alquife, lo que permitirá volver a reabrir esta explotación de minería metálica de la provincia de Granada, algo que está previsto para finales de 2016 o inicios de 2017, según ha indicado el presidente de Minas de Alquife, Juan Ramón García.

En un comunicado, la Administración Concursal de don Manuel Sánchez Ferre y doña Carmen Redondo Segura ha señalado que, de ser cierta la existencia de una resolución en dicho sentido --aún nada se ha notificado a esta Administración Concursal--, sería de todo punto "improcedente", pues no sólo la Autorización Ambiental Unificada para la explotación está recurrida --recurso que ha de resolver la propia Junta, y que lleva meses paralizado--, sino que "las concesiones pertenecen a don Manuel Sánchez Ferre y doña Carmen Redondo Segura", que los adquirieron de los tres súbditos británicos a los que habían sido adjudicados en el año 2000 por el Juzgado de lo Social número 1 de Granada en proceso ejecutivo seguido contra el anterior titular, Compañía Andaluza de Minas.

En este sentido, el auto de junio de 2001 que, erróneamente, adjudicaba a los antiguos trabajadores de Compañía Andaluza de Minas las concesiones ya adjudicadas a los tres súbditos ingleses, es "nulo de pleno derecho", y esta Administración Concursal ha solicitado su nulidad al Juzgado de lo Social que lo dictó.

"Llama la atención que en las informaciones difundidas se haga referencia a la mercantil Minas de Alquife, S.L. como "empresa explotadora" cuando dicha mercantil "no ha llevado a cabo ninguna explotación, y quizás con ello se quiera ocultar que no se ha valorado de forma rigurosa el cumplimiento por dicha sociedad de los requisitos legalmente exigidos, pues carece de la solvencia técnica y financiera precisas", ha advertido la Administración Concursal del matrimonio.

Los activos que dicha sociedad dispone, según sus cuentas anuales, son, "sustancialmente", los derechos mineros --"que aún no se le han transmitido"--, es decir, "intangibles valorados libremente, careciendo de cualquier recurso financiero". Por ello, e independientemente de que los derechos mineros no pertenecían a los trabajadores que los aportaron y/o vendieron a dicha sociedad, Minas de Alquife, S.L. "carece de la solvencia financiera precisa para afrontar la inversión de más de 250 millones de euros que costaría poner en funcionamiento la explotación minera, como evidencia el hecho de que en diciembre de 2014 la familia Simon no pudo abonar, por falta de liquidez, los 3,5 millones de euros que adeudaban al matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura por unos terrenos que, en la zona de la explotación minera, había vendido el matrimonio a dicha sociedad, que los adquiría a través de sociedades luxemburguesas", ha recordado.

En este sentido, ha apuntado que el incumplimiento de la obligación de pago ha provocado que las ventas hayan sido resueltas, existiendo un proceso judicial abierto al respecto ante los juzgados de Palma de Mallorca. Además, se da la circunstancia, según ha expuesto, de que las concesiones en su día otorgadas a Compañía Andaluza de Minas "podrían estar caducadas", pues en 2008 había transcurrido el plazo por el que se otorgaron, y "sólo se justifica su vigencia por un informe realizado por los servicios de la Junta de Andalucía que, en base a datos inexactos e incompletos, se contemplaba la posibilidad de entender que habrían estado en suspenso hasta 2004 --fecha en que, según dicho informe, habría ganado firmeza el Auto de 2001 que adjudicó los derechos a los antiguos trabajadores--, y caducaría el 25 de septiembre de 2015".

Todas estas circunstancias "las conoce" la Junta de Andalucía, pues le fueron expuestas por esta Administración Concursal mediante escrito presentado en el expediente administrativo de transmisión, pero parece "evidente" que "han primado las prisas por llevar a buen puerto la que ha sido desde hace años su voluntad inequívoca, manifestada incluso en sede parlamentaria por la propia Susana Díaz en el Debate sobre el Estado de la Autonomía".

"Unas prisas que se han acentuado desde que, en febrero de 2014, se incorporó como consejero a Minas de Alquife, S.L. un histórico alto cargo socialista, Juan Ramón García Secades", ha lamentado. "Y para ello, la Junta de Andalucía ha seguido una hoja de ruta, retorciendo los procedimientos administrativos para acomodarlos a su objetivo, en vez de tramitarlos con la imparcialidad, rigor y seriedad que la Ley exige", ha rechazado la Administración Concursal, ostentada por PCC Expertos Concursales S.L.P., en el comunicado.

En este sentido, los resultados, según ha subrayado, "han venido siempre anticipados --altos cargos de la Junta vienen anunciando la concesión que, parece, hoy se ha culminado, desde hace meses en prensa, mitines e, incluso, en sede parlamentaria-- y se han ignorado totalmente las alegaciones del matrimonio Sánchez-Redondo".

"A la vista de la parcialidad de la Junta de Andalucía; su voluntad inequívoca, manifestada en sede parlamentaria por la propia Susana Díaz en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, de otorgar los derechos al consorcio alemán a través de Minas de Alquife, S.L.; la evidente existencia de una hoja de ruta que no se altera en ningún caso; y la coincidencia en el tiempo de la aceleración de los trámites administrativos tendentes a otorgar a dicha sociedad los derechos de explotación minera con la incorporación a la misma de García Secades como consejero de Minas de Alquife S.L.; no podemos sino preguntarnos si no estaremos ante un nuevo caso como el de Aznalcóllar, bajo investigación judicial, pues los paralelismos son evidentes", ha planteado la Administración Concursal. A este respecto, ha anunciado que actuará "contundentemente" contra la resolución "en todos los frentes", y que, una vez le sea notificada la resolución, ejercitará "todas las acciones legales precisas en defensa de los intereses del matrimonio Sánchez-Redondo y del concurso".

Por último, la Administración Concursal hace un llamamiento a "la cautela y la prudencia" y apela a la responsabilidad de los políticos, máxime en el actual escenario, con citas electorales a la vista, pues resulta "tremendamente irresponsable" anunciar la inminente apertura de las minas y prometer la creación de cientos de empleos, "llevando a la confusión, con cantos de sirena", a una comarca "tan lastrada por el paro y tan vulnerable a ilusionarse con proyectos que, a la postre, resultan fallidos". "Todo lo relativo a las minas del Marquesado debería quedar fuera del debate político, y resolverse con seriedad, rigor y objetividad", ha concluido.