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Vista aérea de Peligros, uno de los municipios inspeccionados
Hacienda detecta 12.600 viviendas y reformas sin declarar en la provincia de Granada

Hacienda detecta 12.600 viviendas y reformas sin declarar en la provincia de Granada

Los propietarios de los inmuebles localizados en los primeros 22 municipios pagarán 129 euros más de media en el IBI

M. V. Cobo

Lunes, 4 de mayo 2015, 00:56

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El Ministerio de Hacienda está peinando todo el territorio español en busca de construcciones y reformas de viviendas no declaradas en el Catastro y que, por tanto, no abonan sus impuestos. Esta ingente labor inspectora, enmarcada en el plan de regularización catastral y que se desarrollará hasta 2016, ya ha dado sus primeros frutos en Granada, provincia en la que se ha terminado la revisión de 22 municipios. En esta primera fase del plan han aflorado 12.680 inmuebles en los no se había declarado alguna obra nueva o reforma, por lo que no estaban abonando la parte proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los principales ingresos que tienen los ayuntamientos. Sin embargo, aunque pudiera parecer una cifra elevada, esos más de 12.000 inmuebles aflorados suponen solo el 7,3% de todo lo analizado, una cantidad pequeña. A finales de 2014, ya se habían revisado en la provincia más de 174.000 inmuebles en total, la mayoría de los cuales cumplían con sus obligaciones con el fisco.

En la provincia granadina se ha terminado este plan de inspección en los municipios de Alfacar, Alhendín, Armilla, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dílar, Gójar, Huétor Tájar, Huétor Vega, Iznalloz, La Zubia, Láchar, Las Gabias, Monachil, Peligros, Pinos Puente, Salar, Santa Fe, Vegas del Genil y Villanueva Mesía.

En estos 22 municipios se han detectado obras nuevas, ampliaciones y reformas invisibles a efectos de tributación porque ni los ayuntamientos las habían detectado ni los propietarios las habían declarado en el Catastro, como es su obligación. El hecho de que no estuvieran incluidas a efectos tributarios no significa que fueran ilegales, ya que podían contar con licencia de obras y permiso de habitabilidad en cualquier caso.

1,6 millones extras

Los propietarios de esas viviendas que ahora han sido destapadas por la labor inspectora pagarán una media de 129 euros más en el recibo del IBI, lo que supone 1.635.720 euros más que ya se han cobrado en el recibo de 2014, según señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Pero además, se tienen en cuenta los atrasos de los últimos cuatro años antes de eso se considera prescrito, por lo que abonarán también una media de 329 euros por inmueble en concepto de atrasos. Con todo, los 22 municipios en los que ya se ha terminado el proceso de regularización se han repartido 5.807.440 euros no previstos solo en este impuesto.

Estas cantidades son la media que pagarán los propietarios de los recibos, pero la cuantía varía en función del tipo de obra que no se hubiera declarado. La cantidad que sí es fija para todos ellos es la tasa de 60 euros que Hacienda cobra al titular de cada inmueble por su regularización para cubrir gastos de los servicios realizados desde la captura de fotos aéreas hasta comprobaciones sobre el terreno. De momento, solo por este concepto han salido de la provincia 760.800 euros.

En este punto, desde la Dirección General del Catastro precisan que la irregularidad detectada no conlleva sanción alguna, pero sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. Por ello, procuran remarcar que el «objetivo de este plan es luchar contra el fraude para que afloren inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados».

Piscinas y obra nueva

Las irregularidades detectadas en esta primera fase del plan son variadas. Las de mayor envergadura son las nuevas edificaciones esa casa de apero reconvertida en un chalé o esa finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres, que representan el 41% de las detectadas en la provincia granadina. El otro tipo de irregularidades que ha sido más numeroso es el de la construcción de piscinas de obra, que supone otro 41%.

En menor cuantía se han hecho aflorar también ampliaciones sumar plantas a una casa o ganarle metros a un patio trastero, que supone el 9% del total. El 8% restante se corresponde con reformas y cambios de uso cerrar la terraza para sumar otra habitación, por ejemplo. Ahora sí están en orden, con el consiguiente incremento del valor catastral de la propiedad y su inevitable repercusión en impuestos cuya cuantía se fija en fnción del catastro. Tributos estatales como los de la renta (IRPF) o sobre el patrimonio, autonómicos como el de sucesiones y transmisiones, o municipales como las plusvalías y, principalmente, el IBI. Hay que explicar que esta regularización no tiene nada que ver con la revisión de los valores catastrales, una operación que también afecta al IBI (puede subir o bajar) y que solicita cada ayuntamiento.

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