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Piden cárcel para dos exalcaldes de Otura y tres concejales por prevaricación

  • Todos los acusados se enfrentan a una petición de condena de dos años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo o cargo público

La fiscalía provincial solicita dos años de cárcel y 28 años de inhabilitación para el exalcalde de Otura Ignacio Fernández-Sanz, que el próximo mes de abril deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial junto a otro exalcalde, Pedro Cabanillas, los exconcejales Ignacio Pérez Cabrera y María Antonia López Bascuñana y la edil María Dolores Dobaño. Los dos exregidores permanecen también en la Corporación actual como concejales no adscritos.

El fiscal los acusa a todos de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro ordinaria, mientras que a Fernández-Sanz le añade un tercer delito de prevaricación ordinaria. Todos los acusados se enfrentan a una petición de condena de dos años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo o cargo público, aunque a Fernández-Sanz le añade otros 10 años de inhabilitación por el tercer delito.

La fiscalía atribuye a los acusados un conjunto de irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones públicas dentro de la junta de gobierno local. Uno de los delitos se cometió presuntamente al conceder licencias de primera ocupación para cuatro viviendas «conscientes, no obstante, de que ese proceder era contrario a las normas urbanísticas vigentes (...) pues la ley prohíbe expresamente conceder esas licencias sin la previa finalización de las obras de urbanización».

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda que un técnico municipal advirtió de lo anterior a los citados concejales, que a su vez prescindieron del preceptivo informe jurídico, omisión de la que también fueron advertidos por el secretario del Ayuntamiento en la misma sesión de la junta de gobierno.

El ministerio público detalla más irregularidades, como recepcionar obras de urbanización con informes desfavorables del arquitecto municipal y arrogándose el alcalde competencias que le correspondían a la junta de gobierno. El juicio está señalado para los días 9, 10, 16 y 17 de abril.