Ocho años de inhabilitación para el alcalde de Íllora por un delito de prevaricación

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado a ocho años de inhabilitación para el alcalde de Íllora Francisco Domene (PSOE) y cuatro concejales, por considerar que cometieron un delito de prevaricación al adjudicar los medios informativos locales. El juicio se celebró el pasado día 4 y la fiscalía solicitó para los cinco acusados 9 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, que finalmente se han quedado en 8. Según la sentencia, que puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial, el alcalde ilurquense y los otros cuatro concejales prevaricaron, es decir, adoptaron una decisión arbitraria a sabiendas de su injusticia. Lo hicieron al adjudicar la gestión de los medios de comunicación locales sin publicidad y sin concurrencia pública. La acusación particular elevó a 10 años su solicitud de inhabilitación por un delito del que todos se declararon inocentes.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de febrero de 2008 cuando Parapanda Comunicación S. L., una empresa pública municipal, adjudicó la gestión de la radio local y de un periódico a la empresa Silvania Producciones S.L. con el voto a favor de los cinco imputados.

El alcalde de Íllora subrayó ante el juez que los asesores explicaron que al tratarse de una sociedad mercantil no era necesario publicar el procedimiento en ningún boletín, la concurrencia pública o el diseño de un pliego de condiciones, pese a lo que contactaron con todas las empresas de comunicación de la comarca para buscar un proyecto adecuado para el municipio.

«Se buscaba a personas expertas y se eligió a la adjudicataria porque fue la única que presentó un proyecto y tenía gente dedicada y con experiencia», subrayó Domene tras reiterar que los asesores jurídicos aseguraron que el procedimiento era legal.

El alcalde apuntó además que no hubo ningún informe contrario al trámite, que el secretario del Ayuntamiento no advirtió de errores y que «en ningún momento me dijeron que se incumplía alguna ley o que había alguna irregularidad».

La concejal responsable de contactar con las empresas Victoria F. P. detalló que votó por la empresa adjudicataria porque fue la única que presentó un proyecto y reiteró que los asesores del Ayuntamiento no apuntaron ninguna irregularidad. Los tres imputados restantes declararon sentirse «engañados» y apuntaron que aunque se presentó por registro de entrada un segundo proyecto para llevar los medios, se votó al adjudicatario porque fue el «único que entró en plazo» y porque el alcalde dijo que sería desleal y una posible prevaricación no atender los plazos.

Según la acusación del ministerio público, con fecha 19 de febrero de 2008 se celebró la reunión del consejo de administración de Parapanda Comunicación SL, en la que, «sin haber mediado convocatoria pública», «ni proyecto ni oferta concreta» y «con ánimo de favorecer a su representante», se adjudicó la gestión de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito municipal a la empresa Silvania Producciones S. L., tras el voto favorable de los procesados.

El alcalde recurrirá

Domene negó rotundamente que prevaricara y que la contratación de la empresa Silvania Comunicación se hiciera con ánimo de transgredir la ley y anunció que recurrirá el fallo judicial sobre el asunto, ya que considera que existe una importante carencia de motivación jurídica en el reciente fallo. Domene llamó la atención sobre las «contradicciones» de la sentencia, apuntando que el juez «hace suyos los argumentos de la acusación particular ejercida por el PP».