El protocolo 'antidesahucios' de Granada se extiende a todo el país gracias a una reforma legal

La iniciativa partió de un grupo de funcionarios de Granada y del juez decano. /Alfredo Aguilar
La iniciativa partió de un grupo de funcionarios de Granada y del juez decano. / Alfredo Aguilar

Se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga a avisar a los Servicios Sociales de los desalojos para que los afectados no queden desamparados

YENALIA HUERTAS

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 12 de junio ha dado una grata sorpresa al juez decano del partido judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, y a un grupo de funcionarios de los juzgados de la Caleta especialmente sensibilizados con el problema de los desahucios. Han podido comprobar que el protocolo 'antidesahucios' que ellos impulsaron en la capital hace años ha inspirado ahora una importante reforma legal que contempla que se avise del desalojo a los Servicios Sociales antes de llevarlo a cabo para que el afectado no quede desamparado.

Lo que se ha publicado en el BOE es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuyo objeto principal es agilizar el trámite de los procedimientos de desahucio en los casos protagonizados por okupas. Y, según el juez decano, «la ley incorpora una modificación de un artículo para que en todos los casos en los que se va a producir el lanzamiento, cuando exista ya comunicación de la fecha del desalojo, se haga a la vez una notificación a los Servicios Sociales para que, dentro de sus competencias, puedan actuar en relación a esa persona que se se sabe que va a ser desalojada de su vivienda y siempre que esta lo consienta».

En concreto, la reforma incluye un nuevo apartado 4 en el artículo 150 que obligará a partir de ahora a comunicar los desalojos a los Servicios Sociales, previo consentimiento de los afectados, de cara a que se activen los mecanismos de actuación correspondientes.

Impulsores

Los impulsores del protocolo 'antidesahucios' en Granada fueron varios funcionarios de los juzgados de la capital, entre ellos, Miguel Esteban Florencio y Miguel Ángel Herrera Manzano. Estos, auspiciados por el Decanato del partido judicial de Granada, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para elaborar un protocolo de actuación con los Servicios Sociales que consistió en lo que ahora contempla la ley y que lleva funcionando desde 2014 en la ciudad.

El protocolo consiste en que en el momento en el que el funcionario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos comunica a una familia que ya hay fecha para el desalojo de la vivienda, le pide a la vez autorización para ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada.

Gracias a este trámite, en los últimos años en Granada se ha evitado que se produzcan desalojos por la fuerza -con intervención de la Policía y una comisión judicial-, pues los Servicios Sociales han conseguido mediar entre las partes, han buscado otra vivienda a los afectados o les han procurado algún tipo de ayuda. «Al final, la familia o se ha quedado en la casa mediante un acuerdo o ha salido con algún tipo de situación alternativa», ensalza el juez decano.

La reforma legal que permitirá que esta iniciativa se extienda al resto del país, recoge así la idea gestada en Granada, de la que se dio en su momento traslado a los grupos parlamentarios. Y «se incorporó, al parecer, -indica- a través de una enmienda que hizo el PSOE en la tramitación en el Congreso de los Diputados».

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