La Asamblea General número 60 de la Organización Mundial de la Salud está previsto que sea la de la puesta de largo de Margaret Chan, la médico de Hong Kong formada en Canadá que desde el pasado mes de noviembre dirige la institución internacional con sede en Ginebra. El telón se levantó ayer. En escena, los 193 países miembros y en el orden del día, los principales retos de la salud del planeta. El plan para la prevención de una pandemia humana de gripe aviar, la erradicación de la viruela, el control del paludismo, la tuberculosis... La decisión del gobierno brasileño de romper una patente y autorizar la fabricación de un genérico contra el sida -igual de eficaz que el original, pero más barato- ha roto sin embargo el guión original de la cumbre. La lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana se sitúa ahora en primer término.
«El régimen de patentes de los medicamentos, que ha funcionado razonablemente bien para los países ricos, ha fracasado con los pobres porque los elevados precios de los tratamientos más eficaces quedan fuera del alcance de la mayoría de sus poblaciones». Con estas palabras, el director de Investigación de la ONG Intermón Oxfam, el español Gonzalo Fanjul, resumió ayer desde París uno de los debates que, sin duda, presidirá el encuentro inaugurado ayer en Ginebra. Las terapias contra el sida más modernas, las más eficaces, sencillas y con menos efectos secundarios, resultan cada vez más caras. Sus altos precios las hacen inaccesibles para los países pobres, que son los que más las necesitan. Y el Gobierno brasileño se ha cansado y ha dicho no.
Conversaciones rotas
La noticia, conocida el pasado día 4, es de esas que dan la vuelta al mundo. Y la dio. Después de varios meses de negociaciones entre el Gobierno de Brasil y la multinacional Merck Sharp & Dhome (MSD) para la consecución de un acuerdo sobre el precio de un medicamento llamado efavirenz, el presidente del país carioca dio por rotas las conversaciones y anunció al mundo que había decidido suspender la patente en su territorio para adquirir un genérico más barato que se produce en India y poner en marcha los mecanismos para la producción propia del antirretroviral.
La multinacional farmacéutica, la mayor del mundo, con sede en Estados Unidos, ofreció al Ejecutivo brasileño una rebaja del 30% sobre el precio original. El equipo de Sanidad de Lula Da Silva la consideró insuficiente. Según dijo, las cuentas, a ese precio, no le dan para tratar a los más de 75.000 ciudadanos del país que necesitan ser tratadas con efavirenz.
«Imagen negativa»
Brasil, según afirmó su Gobierno, se vio en la necesidad de acogerse a una norma internacional de 1994 aprobada por la Organización Mundial de Comercio y a la Declaración de Doha de 2004. Uno y otro acuerdo internacional establecen, con diferentes palabras, que las normas de protección de la propiedad intelectual (que es la que protege a la industria farmacéutica) no pueden ser un obstáculo para la salud pública.
Tras conocerse la noticia, el laboratorio se apresuró a advertir, a través de un comunicado, de la «imagen negativa» que la medida tendrá sobre las empresas dedicadas a la investigación, que podrían suspender algunos de sus estudios -léase inversiones- que afectan a los países en vías de desarrollo y, como consecuencia, a los países pobres.
Las espadas están en alto y Ginebra, los 193 representantes nacionales que se reúnen desde ayer en la capital helvética, está llamada a pronunciarse sobre la cuestión. «Existe un régimen especial para el caso de los medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, hasta ahora, ha mostrado sensibilidad por los países pobres», se ha limitado a comentar, de momento, la ministra de Sanidad. Elena Salgado se refirió con estas palabras al hecho de que algunas compañías hayan aceptado la implantación en sus productos de dos precios, uno para el Norte y otro para el Sur.
Ejemplo a seguir
Brasil disfruta de esta concesión. Pero no es casual que haya sido precisamente él quien ha roto la baraja. El país suramericano se ha convertido en un modelo a seguir contra la pandemia al haber logrado frenarla mediante una bajada drástica del precio de los fármacos y la producción a gran escala de sus propios medicamentos. La receta brasileña fue considerada en su día por la ONU como el mejor programa contra el sida en los países en vías de desarrollo.
El debate que se plantea estos días es, en definitiva, el que se lleva centrando la lucha contra el infección desde que la comunidad internacional descubrió que la epidemia, en sus distintos frentes, había abierto aún más la zanja que separa a los dos mundos que pueblan el planeta. Los laboratorios dicen que la investigación tiene un precio y hay que pagarlo. Los países más afectados dicen que no tienen dinero. Tratar a un seropositivo en España cuesta más de 7.000 euros al año. Con ese dinero, Brasil garantiza la vida de veinte enfermos.
La decisión de Da Silva «debe entenderse como una gran noticia» siempre que la fabricación de genéricos esté acompañada «de rigurosos controles de calidad», según afirma García-Uribe, miembro de una ONG. A los activistas, como ella, no les cabe duda: «El objetivo, por encima de todo, es el de salvar vidas».
