Es difícil y debe estar muy justificado. España no es Estados Unidos. Pero existen. Las armas no son terreno exclusivo de los miembros de las fuerzas de seguridad, los cazadores y los amantes del tiro deportivo. El reglamento español también permite que ciudadanos de a pie vayan pertrechados de un arma corta -una pistola- por motivos de seguridad personal. Ahora bien, son licencias especiales que se dan con cuentagotas. En la actualidad, y según los datos facilitados por la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, son 289 personas quienes cuentan con este permiso especial en Granada.
La criba burocrática es dura en estos casos. Fundamentalmente, quienes solicitan este permiso tienen que convencer al Estado de que necesita ir armado para proteger su vida o su negocio. En este sentido, el Reglamento de Armas establece que los aspirantes deben aportar un certificado médico, uno psicológico y otro de antecedentes penales que lo califiquen de apto para tener un arma. Pero no sólo eso. Lo más importante es la entrega de una memoria en la que se detallen los motivos de la petición.
Los argumentos deben ser de peso y, por lo general, se rechazan muchas más peticiones que licencias concedidas. Y se solicitan muchas. Un dato ilustrativo es el escaso aumento que ha registrado a lo largo de los años este tipo de licencias que podrían considerarse especiales. En Granada, en el año 1999, 205 ciudadanos ya tenían este permiso para protegerse con un arma corta, sólo 10 más que nueve años antes, en 1990. En la actualidad, en un periodo de tiempo similar, esta cifra ha aumentado en 84 casos.
Colectivos específicos
Este incremento en los últimos años no significa que desde las autoridades se sea más permisivo, sino que se solicitan más y los argumentos expuestos son realmente de peso. Esta serie de condicionantes, la seguridad personal, se traduce en que sólo los miembros de colectivos muy específicos obtienen estas licencias. Las citadas fuentes explicaron a IDEAL que se dan a representantes de poderes del Estado -como es el caso de los jueces y fiscales-, cargos políticos, personas amenazadas -por organizaciones terroristas-, agentes retirados que conservan su arma y empresarios. Sobre estos últimos, el sector de la joyería es el que acumula mayor número de licencias particulares.
Ésta es la única excepción que concede la Ley española con respecto al uso de armas entre particulares más allá de la caza,el deporte y las fuerzas de seguridad. «Episodios como el acaecido en la Universidad de Virginia serían imposibles -con licencia- ya que ese tipo de armas no están permitidas en nuestro país en ningún caso entre particulares», apostillan desde la Guardia Civil.
La mayor parte de las 46.224 licencias de armas que se encuentran vigentes en la actualidad en la provincia de Granada, según los datos de la Guardia Civil, están relacionadas con la caza. Las vinculadas a esta actividad suman el 95% del total.
La afición al tiro olímpico sólo motiva 505 licencias en la provincia. Casi las mismas concedidas para un tipo de arma muy especial: las de 'avancarga' -armas de fuego que se cargan por delante-. Los coleccionistas de piezas históricas o singulares es el colectivo más reducido.
Entre los datos destacan las licencias concedidas a los menores. A partir de los 14 años, pasando una prueba, ya se puede obtener una licencia para manejar un arma de cacería. En Granada, son 166 los chicos que pueden utilizarlas si van acompañados de un adulto. Hace unos años, la cifra era sensiblemente mayor: 380 menores tenían esta licencia. La afición va en declive. Estas cifras no se corresponden con el número de armas legales que circulan por la provincia. Cada persona autorizada puede tener más de una. El número relativo a estas últimas rodará los 80.000.
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