El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha admitido a trámite la querella presentada por el Consorcio del Circo del Arte contra el ex director gerente, Antonio Albadalejo. La demanda, presentada por el concejal de Cultura, Juan García Montero, denunciaba que Albadalejo podía haber cometido en su gestión tres delitos: malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones. En definitiva, que supuestamente podía haber usado dinero del presupuestado para el Circo para fines particulares.
El informe de la Cámara de Cuentas ya apuntaba algunas de estas posibles irregularidades: el gerente pudo pagar a cargo del Circo el piso donde vivía y contrató a una empresa de la que era accionista.
García Montero mostró ayer «prudencia» aunque también satisfacción, al entender que tanto el informe de la Cámara de Cuentas como la tramitación de la denuncia «nos dan la razón en lo que venimos diciendo». García Montero también asegura que el PSOE tenía que «haber fiscalizado mejor el Circo» mientras tuvo la presidencia del Consorcio.
El Consejo Rector del Circo del Arte aprobó el pasado 28 de noviembre, con el voto de PP, PSOE e IU, presentar la querella por «algunas cosas» que aparecían en el informe provisional de la Cámara de Cuentas, relativas a posibles irregularidades en la gestión, como por ejemplo la adjudicación de obras por valor de 865.989 euros sin el previo expediente de contratación por si pudieran ser constitutivas de delito. Aunque se dirige únicamente contra Antonio Albadalejo, ello se hace «sin perjuicio» de su posterior ampliación a cuantas personas pudieren aparecer en la instrucción de la presente causa como responsables «penales» de los mismos por su participación directa o indirecta de los hechos, informó Europa Press.
La Cámara de Cuentas de Andalucía halló indicios de responsabilidad contable en la gestión de Albadalejo, al detectar facturas de una sociedad de la que reconoció ser administrador solidario y poseía el 60 por ciento de su capital social por valor total de 38.479 euros, cuantía de la que se han pagado 26.102, lo que podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades del Personal y Servicios de las Administraciones Públicas.
