Melicena, minúsculo anejo de la localidad de Sorvilán, tiene unos 200 vecinos -un par de cientos más en verano-. Son pocos, pero extraordinariamente activos. En las últimas semanas, dos asociaciones ciudadanas y otra ecologista, cinco residentes particulares y dos partidos políticos han presentado alegaciones contra un plan que prevé la construcción de apartamentos en la playa del poblado costero, en una parcela incrustada, en una parte nada desdeñable, en el inviolable dominio público marítimo terrestre. La finca es propiedad del empresario que promueve la urbanización.
Según los documentos gráficos a los que ha tenido acceso IDEAL, no podría construirse en más de la mitad de la parcela, que tiene cinco mil metros cuadrados de superficie.
El sorprendente esfuerzo social de Melicena -lo desgraciadamente normal en estos asuntos urbanísticos es que las quejas lleguen cuando ya no hay nada que hacer- no está siendo baldío. El pequeño está dando más guerra -en el buen sentido de la palabra- que muchos grandes, que ahora se las ven y se las desean para librarse de una costra de cemento que no hay tribunal que la disuelva.
Costas advierte
Además de formular sus reparos ante el Ayuntamiento de Sorvilán (gobernado por el PP), los vecinos también han acudido en busca de información al Servicio Provincial de Costas de Granada, organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Dicho departamento ha respondido a sus interlocutores que el Consistorio de Sorvilán ya sabe que la parcela en cuestión es muy delicada -dista del mar una quincena de metros- desde el punto de vista urbanístico.
En cualquier caso, Costas advierte de que vigilará para que «no se invada el dominio público marítimo terrestre» ni la servidumbre de paso. Es una aviso a navegantes.
Acuerdo municipal
La inquietud de los vecinos de Melicena -que llevan dándoles vueltas a este tema desde hace meses- se incrementó tras la presentación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia -del pasado 27 de octubre- de un edicto del Ayuntamiento de Sorvilán, que dirige la popular Elena Maldonado, que daba cuenta de la aprobación inicial de la «construcción de un edificio de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje» en un terreno situado en el paseo marítimo del núcleo de Melicena.
El visto bueno provisional, decía el escrito oficial, estaba basado en el informe emitido por el arquitecto municipal.
Sea como fuere, el constructor -en el caso de que finalmente obtuviese la licencia y, posteriormente, pasase el filtro de la Comisión Provincial de Urbanismo- deberá trabajar con una precisión milimétrica para no ocupar el dominio público.
Plan gubernamental
De hecho, los firmantes de las alegaciones sostienen que la ley no permite alicatar con ladrillo el solar en cuestión. En ese sentido, piden que se proteja el «carácter público» de la parcela, «manteniéndolo a salvo de las presiones urbanísticas», y abogan porque albergue un parque para el disfrute de los vecinos.
La implicación del Ministerio de Medio de Ambiente en el 'caso Melicena' es doble. El departamento que dirige Cristina Narbona ha incluido el polémico lugar en su inventario de parajes que son susceptibles de ser adquiridos para impedir que el cemento siga invadiendo el ya castigado litoral español. La finca sigue estando en la lista, aunque este periódico no ha podido confirmar si el Ministerio han hablado con el propietario o no.
Cuando el interés del Gobierno por uno de estos sitios es especialmente intenso, se recurre a la expropiación, que es la última estación. En Asturias, por ejemplo, ya se ha dado esta circunstancia.
Para los vecinos y colectivos que han presentado alegaciones, un acuerdo entre el dueño del terreno y Medio Ambiente sería la solución más satisfactoria para todas las partes. Y es que las personas que se oponen al proyecto no desean que el empresario se vea perjudicado. Creen que se podría llegar a un pacto para que el empresario se desprendiese de la finca a cambio de poder construir en un lugar que no perjudique los intereses públicos.
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