La ex mujer del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, Maite Zaldívar, y su hermano Jesús abandonaron ayer los calabozos de la comisaría tras pagar sendas fianzas de 90.000 y 50.000 euros, respectivamente. Ambos salieron de las estancias policiales en medio de una gran expectación, ante una aglomeración de fotógrafos y cámaras de televisión. Por otra parte, el juez Miguel Ángel Torres, que instruye el sumario contra la trama de corrupción municipal en Marbella, dejó anoche en libertad bajo fianzas de 50.000 y 30.000 euros a los empresarios José María González del Caldas y Eusebio Sierra.
Tras varias horas de declaración, el magistrado dejó en libertad a los hermanos Zaldívar, que están acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales. Durante toda la mañana de ayer el juez tomó declaración al resto de detenidos el martes en la tercera fase de la 'operación Malaya'. Después de que un empresario se entregara voluntariamente el jueves de madrugada, la cifra de arrestados en esta actuación policial se eleva a 12.
Según explicaron fuentes judiciales, el abogado de la ex esposa de Julián Muñoz y de Jesús Zaldívar acudió pasadas 14.00 horas a los juzgados de Marbella para entregar el justificante del pago de la fianza requerida, que había sido abonada poco antes por sus familiares en una sucursal bancaria.
Los dos hermanos pasaron la noche del día anterior en los calabozos tras un intenso interrogatorio que tenía por objeto aclarar la supuesta participación de los Zaldívar en empresas textiles y del sector de la construcción. La investigación de estos hechos movió al juez a pedir la comparecencia de una de las hijas de Maite Zaldívar, Elia, quien declaró en calidad de imputada.
Sin tregua
La acusada y el ex alcalde Julián Muñoz conocieron la decisión de que compareciera su hija el jueves de madrugada. Poco después, el juez instructor impuso sendas fianzas de 50.000 y 12.000 euros al empresario gaditano Manuel Lores y a Benjamín Martínez, director de una sucursal de Cajamar en Marbella.
Sin apenas tregua, el juez Torres prosiguió tomando declaración a varios de los detenidos en la tercera fase de la 'operación Malaya': los empresarios Eusebio Sierra, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo Promotur; los empresarios sevillanos y ex directivos del Sevilla C. F. Miguel López Benjumea y José María González de Caldas, y el constructor Francisco Zambrana, todos ellos acusados de un supuesto delito de cohecho.
A primera hora de la noche se conocía que el juez dejaba en libertad bajo fianza de 50.000 euros a González de Caldas y de 30.000 a Eusebio Sierra. Fuentes judiciales explicaron que la jornada terminaría con las declaraciones del empresario y constructor cordobés José María Enríquez y el funcionario de los juzgados de Marbella Francisco Ramírez, también imputados por un delito de cohecho.
La nueva fase de la 'operación Malaya' concluirá previsiblemente hoy con las declaraciones ante el juez del constructor Giovanni Piero Montalvo, que el miércoles continuaba en la Comisaría Provincial de Málaga en compañía del empresario José Manuel Villarroya Villar. Éste último, tras conocer la orden de detención dictada contra él por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, decidió entregarse voluntariamente.
La comparecencia de los nuevos detenidos en los juzgados coincidió con la citación del presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca, para responder ante el magistrado Torres por la querella presentada el pasado verano por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios y permutas de terrenos municipales. Roca reiteró en su declaración que su tarea no era elaborar convenios urbanísticos, sino realizar «informes no vinculantes». A este respecto, insistió en que era responsabilidad de la Junta de Andalucía «decidir si estaban bien o mal» los acuerdos.
Comparecencia de Roca
Su abogado, José Aníbal Álvarez, explicó que la comparecencia de Roca se prolongó por espacio de tres horas, durante las cuales fue interrogado sobre hasta ocho convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento entre 1997 y 2000. El ex asesor, que permanece en prisión desde el pasado 30 de marzo, insistió de nuevo en que tras la aprobación del pleno municipal o la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, los convenios se remitían a la Junta para su aprobación. Unas veces la Junta daba su visto bueno al proyecto y «otras lo impugnaba», dijo el letrado.
