La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- no quiere mirar hacia otro lado cuando lleguen a sus manos denuncias de profesores agredidos verbal o físicamente. El cerco contra los agresores se estrecha cada vez más. La Fiscalía se comprometió ayer con el sindicato de enseñanza de CC OO a perseguir con toda contundencia los problemas derivados de la violencia contra los docentes.
La primera conclusión de este encuentro: la Fiscalía siempre solicitará al tribunal, encargado de juzgar cada caso, que lo tipifique como delito de atentado y no como falta. Las consecuencias de este matiz no resultan baladí. Los delitos por atentado contra un funcionario público pueden conllevar penas de cárcel, si se trata de una falta todo se queda en una mera multa. «Los trabajadores de la enseñanza no pueden acudir a su puesto de trabajo con miedo», señaló ayer el secretario regional de enseñanza de CC OO, José Blanco.
El primer aldabonazo contra los agresores del profesorado en la provincia se perpetró tras un suceso registrado el 11 de mayo de 2004 en el colegio Pascual Bailón de Pinos Puente. Un juez granadino castigó a la agresora con un año de cárcel, era el primer caso juzgado como delito de atentado en Granada. Aunque el temor de muchos profesionales frente a estos dramáticos sucesos les frena a la hora de personarse en un juzgado o en una comisaría para denunciar el episodio de violencia. Esta laguna quedará subsanada en un futuro inmediato. «La Fiscalía también se ha comprometido a investigar los casos de amenazas o acoso cuando haya una comunicación por una de las partes con una documentación perfectamente argumentada», comenta Blanco. No hará falta denuncia, pero sí aportar las suficientes pruebas para demostrar la existencia de este problema.
La reunión mantenida ayer entre los responsables de enseñanza de CC OO a nivel regional y provincial con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, finalizó con un tercer acuerdo entre las partes. «Se creará un protocolo de actuación entre la Fiscalía y la administración educativa para actuar en los distintos casos de agresiones».
Con condenas ejemplares «se puede erradicar este lastre» en los centros educativos andaluces. «Desde CC OO nos comprometemos a que cuando tengamos pruebas contundentes lo vamos a comunicar a la Fiscalía para que actúe e investigue los casos puestos en nuestro conocimiento, bien sean centros públicos, concertados o privados», apostilló Antonio Sierra, secretario provincial de CC OO-Enseñanza.
Siniestralidad laboral
Según el sindicato, la violencia escolar también debe ser considerada un modo de siniestralidad laboral en la educación porque los profesores no pueden ir a los centros «con miedo» o sintiéndose amenazados o agredidos. Pese a los grandes avances que se habían producido con la administración Educativa en cuanto a asistencia jurídica al profesorado, tenían «un tema pendiente y una preocupación» por conocer cómo actuaba el fiscal y la Justicia ante este tipo de casos.
Las reacciones que se han sucedido en la provincia de Granada desde la última agresión a una maestra del colegio Arrayanes, hace dos semanas, han logrado impulsar este compromiso formal de la Fiscalía del TSJA y movilizar al 93% de centros educativos con su profesorado, alumnado e incluso asociaciones de padres y madres de alumnado contra esta lacra de la violencia escolar. Nunca antes se había asistido en esta provincia a una movilización de este calibre. De esta manera, la Justicia se suma de forma oficial a la cruzada de la comunidad escolar contra estas agresiones.
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