Nunca antes, al menos en Granada, los colegios e institutos de enseñanza secundaria habían ofrecido una respuesta tan contundente a la agresión recibida el pasado lunes por una joven profesora del colegio Arrayanes de Granada. Nunca. La práctica totalidad, según las fuentes sindicales consultadas, de los centros educativos pararon para efectuar concentraciones en los patios, leer comunicados de condena o dedicar alguna clase a debatir y reflexionar sobre la violencia en las aulas. La comunidad educativa recriminó de forma unánime el suceso del pasado lunes.
El presidente de la Junta de Personal docente -órgano representativo del profesorado-, José Antonio Mesa, recordó a la Consejería de Educación que pese a las medidas puestas en marcha el problema continúa y hace falta «más operatividad» para paliar este tipo de problemas. Mesa pidió a la administración que se persone como acusación particular en estos casos. Y lanzó un guiño cargado de rabia a la Justicia para que este tipo de casos los juzguen siempre como delito y no falta, para que el peso de la ley caiga con la mayor fuerza posible sobre los agresores. Dos alumnos del colegio Arrayanes y una madre leyeron el comunicado de condena en presencia de más de un centenar de personas entre profesores, alumnos y padres.
La imaginación de los docentes y alumnado permitió efectuar una protesta muy diversa. Así, los alumnos y profesores del IES Francisco Ayala consensuaron un comunicado leído en el centro, después de dedicar algunas de las clases a reflexionar sobre el problema de la violencia escolar. En el colegio Arrayanes, las familias de los escolares asistieron a la protesta. En otros colegios de primaria, los más peques representaron mediante dibujos y pinturas el fenómeno de la violencia.
«La respuesta ha superado con creces las expectativas. La comunidad educativa ha mostrado su sensibilidad con esta lacra indeseable, esperamos la respuesta de la Justicia en los mismos términos», comentó el responsable del profesorado no universitario de CC OO, Diego Molina. El sector de enseñanza de CSI CSIF pidió a la Consejería de Educación que no cargara la responsabilidad de este tipo de denuncia al docente agredido, pues las fuertes amenazas sufridas por los compañeros, en ocasiones, pueden condicionar la actitud de los mismos. «Desde CSI-CSIF queremos que la Administración se persone de oficio en este tipo de casos».
El clamor general de los concentrados en los centenares de centros educativos fue el de que «ojalá esta protesta fuera la última».
jrvillalba@ideal.es
Accidentes laborales
Ayuntamiento