La agresión perpetrada por la madre de un alumno del colegio Pascual Bailón de Pinos Puente contra un profesor el pasado 11 de mayo de 2004 finalizó con una sentencia de un año de cárcel y 750 euros de indemnización a la víctima. La pena de prisión, la primera emitida en la provincia de Granada por un acto violento contra un docente, fue dictada por el titular del juzgado de instrucción número 5 después de un acuerdo alcanzado entre las partes. La acusada no entró en prisión por carecer de antecedentes penales y la indemnización de 750 euros se abonó a un centro educativo de Pinos Puente que trabaja con niños en situación de riesgo social. Sindicatos de enseñanza y la propia Administración educativa quieren refrescar la memoria para que la brutal agresión contra una joven maestra del colegio Arrayanes no quede impune, sino que continúe la misma senda del caso de Pinos Puente.
El letrado de la delegación provincial de Educación, José María Hernández Carrillo, presentará la correspondiente denuncia contra la agresora y la pareja masculina que apareció después por el colegio Arrayanes para amenazar de muerte a la directora del centro educativo. «Los últimos casos denunciados han seguido la vía penal al ser tratados como delitos de atentado contra funcionarios del Estado».
Condenas
La delegada de Educación, Carmen García Raya, pide a las fuerzas sociales y judiciales que se actúe con la máxima contundencia posible en este suceso. «Resulta inaceptable la escena presenciada ayer por el menor que asistió a todo un espectáculo bochornoso por parte de su madre».
El secretario general de enseñanza de CC OO-Granada, Antonio Sierra, insistió en la necesidad de que la Justicia haga caer todo su peso contra los agresores y exigió la presencia de educadores sociales en los centros educativos. «Estos colegios ubicados en zonas de actuación preferente deben contar con un profesorado que voluntariamente quiere ocupar esos puestos. Allí no se puede mandar a un profesional que esté empezando ahora». Y por último, Sierra llamó la atención al Ayuntamiento de Granada y Subdelegación del Gobierno para que mantengan la presencia policial a la entrada y salidas de todos los colegios ubicados, en zonas marginales de la capital.
Precisamente ayer, la policía nacional y la autonómica permanecieron a la entrada y salida de escolares del colegio Arrayanes para evitar posibles problemas de represalias. El máximo responsable de UGT-Enseñanza en Granada, José Carlos García, también pidió a los jueces que tipifiquen como delito de atentado este suceso y condenen con la máxima pena a los agresores. «No podemos dejar que este tipo de sucesos ocurran en nuestras aulas».
Protestas
La Junta de Personal Docente que aglutina a todos los representantes del profesorado se reunirá hoy para condenar este dramático suceso y proponer paros de 15 minutos en los colegios granadinos. La dirección del colegio Arrayanes sopesa la posibilidad de parar las clases durante toda la jornada del viernes en solidaridad con la maestra agredida.
La madre agresora no llevó ayer su hijo al colegio Arrayanes. Fuentes consultadas confirman que este alumno estuvo matriculado el pasado curso en otro colegio de la zona norte de la capital y antes de acabar el curso cambió de colegio por deseo de la progenitora.
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