La vicepresidenta primera del Gobierno defendió en la sesión de control del Congreso de los Diputados el reciente acuerdo alcanzado con la Iglesia católica sobre su nuevo modelo de financiación, que supondrá el incremento del 0,52% al 0,7% del IRPF a cambio de la renuncia del Episcopado al complemento presupuestario que se le asignaba anualmente.
María Teresa Fernández de la Vega, en respuesta a una pregunta planteada por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseveró que el nuevo acuerdo contribuye a la «autonomía» del Gobierno y de la Iglesia, así como a la «igualdad» de la institución eclesiástica con el resto de los ciudadanos, ya que por primera vez pagará el IVA sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
A juicio del Ejecutivo, en palabras de su número dos, el nuevo modelo de financiación acordado «normaliza y democratiza» las relaciones entre la Iglesia y el Estado, además de hacer «más real» el concepto de voluntariedad de la contribución. Se trata, aseguró, de un modelo que facilita la «transparencia», toda vez que la Iglesia deberá presentar anualmente una memoria económica que contenga la distribución de sus gastos.
«Es un buen acuerdo», resumió, para matizar a continuación que la financiación de las ONG es distinta. Indicó que estas organizaciones reciben una aportación directa del Estado de 132 millones de euros, además de otras asignaciones que reciben directamente por su «extraordinaria labor». De la Vega recordó el compromiso del Gobierno de dedicar un 0,5% del PIB a la ayuda al desarrollo, al tiempo que anunció que, de la misma manera que el Gobierno ha estado abierto al diálogo con la Iglesia, de la misma forma actuará con las ONG..
El santo y la limosna
Llamazares estimó que el acuerdo supone enviar un «negativo mensaje» a la sociedad de que se perpetúa la «confesionalidad del Estado». «Como en El Quijote, 'con la Iglesia hemos dado, amigo Sancho'», ejemplificó, no sin recordar que el PSOE planteó en junio como objetivo la suspensión del IRPF y su modificación en favor de exenciones fiscales, con el argumento de que la financiación de la Iglesia era «inconstitucional».
