La primera e incuestionable condición recogida en el acuerdo del Congreso de mayo de 2005 para que el Gobierno pudiera iniciar el diálogo con ETA es la ausencia completa de violencia. De hecho, desde que la banda terrorista decretó su 'alto el fuego' el pasado mes de marzo, la verificación de esta premisa se ha convertido en un elemento clave del proceso, y más desde que el 20 de junio José Luis Rodríguez Zapatero anunciara que se daban las condiciones para activar el compromiso parlamentario y entrar en la fase de contactos con ETA. Por ausencia de violencia siempre se entendió, y así lo asumieron el presidente y el Congreso, no sólo el cese de atentados, sino también el fin de la kale borroka y de la extorsión económica. El martes, Rodríguez Zapatero, además de mostrar su optimismo por el camino recorrido, admitió y condenó la existencia, aunque aminorada, de cierta violencia callejera y la persistencia, en «casos aislados y singulares», de cartas de chantaje. Ni el eventual carácter residual de estas acciones, ni el tono menos bronco y amenazante de las misivas o su condición minoritaria pueden rebajar la gravedad que implica su mera existencia y el impacto directo que tienen sobre numerosos ciudadanos y colectivos perseguidos durante años por el terror. Para ellos no existe 'alto el fuego', sino una continuación refinada del chantaje mafioso y la persecución.

Es cierto, como también dijo ayer el presidente, que «el silencio es la mejor plataforma para el diálogo», pero la discreción no puede utilizarse como un argumento universal. Ante la reiteración de los envíos, el Gobierno está obligado a comprobar la autenticidad de las cartas -el efecto intimidatorio lo cumple el mero anagrama etarra- y el alcance de una iniciativa que ha sido consustancial a ETA y su supervivencia y arbitrar todas las medidas a su alcance para proteger a los destinatarios. Ampararse en la ausencia de denuncias expresas no deja de ser una evasiva, cuando lo que está en juego es el derecho de todo ciudadano a ser amparado en su libertad y a que le sea garantizada su seguridad. Mal arrancaría el diálogo con ETA si la banda terrorista más que dar muestras de su intención de abandonar las armas -último objetivo de las conversaciones- mantuviera activos los dos frentes que aseguran su pervivencia, la kale borroka, fuente de militantes, y la extorsión, su nutriente económico. Ante ello, el Gobierno debe ser tan intransigente como expeditivo: mientras exista el mínimo resquicio de violencia, el diálogo será imposible.