La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha confirmado el archivo de una denuncia contra el alcalde de Freila por presunta prevaricación. La querella se había decretado en su momento por el Juzgado de Instrucción número 1 de Baza, y había sido interpuesta en el año 2002 por el presidente y el secretario del Partido Popular de Freila, Manuel Fernando Pérez Molina y Francisco Valdivieso Martínez, respectivamente, contra el alcalde de Freila. Abelardo Vico Ruiz.

Los denunciantes acusaban al alcalde de un presunto delito de prevaricación al entender que ordenó o permitió la irregular instalación de una antena de telefonía móvil en el municipio de Freila dándose la especial circunstancia que la antena objeto de la denuncia fue instalada por la Compañía Telefónica en el año 1998, fecha en la que el actual primer edil de Freila aún no era alcalde. En la referida querella, los denunciantes alegaban que el denunciado -ahora absuelto- hizo caso omiso al informe que en su momento emitió la Diputación de Granada en el que, según ellos, se advertía de la ilegalidad con la que se había instalado la antena de telefonía.

La Audiencia, en sus razonamientos jurídicos indica que ambos denunciantes carecen de legitimación para sostener la acción penal dado que no se constituyeron en acusación particular al no haber interpuesto la necesaria querella criminal con los requisitos que establece la ley para ello.

Sin conducta delictiva

En cuanto al fondo del asunto, continua indicando el auto que «los elementos de convicción que se deducen de las amplias actuaciones practicadas no permiten señalar en el denunciado ninguna conducta apta para integrar el delito de prevaricación que aquellos estiman cometido, al quedar de manifiesto que el mismo, en su condición de Alcalde de Freila, ha desarrollado una intensa actividad encaminada no sólo a la indagación de los posibles perjuicios que pudiera causar a los ciudadanos la torre o antena de telefonía móvil en su actual ubicación, sino el medio adecuado para lograr su desmontaje y traslado, tanto por vía amistosa con la entidad propietaria como por vía jurídica, previa revisión de oficio del acto administrativo que autorizó su instalación».