El juez que investiga el hundimiento de un viaducto en el tramo La Herradura-Taramay de la A-7, en el que seis trabajadores perdieron la vida, ha ordenado la reconstrucción del accidente con una cimbra de idénticas características a la ubicada entonces en la zona, y que fue la que se desplomó. Además, el juez ha puesto una fecha máxima para la reconstrucción de los hechos, el 30 de junio.

Esto implica que todas las pruebas de reconstrucción del suceso, que garantizarán «una mejor comprensión y estudio de la mecánica del accidente», deberán estar concluidas antes del 1 de julio.

Para Francisco Ruano, responsable de UGT en el área de construcción, esto supone «un paso muy importante» en la investigación de lo que pudo fallar el 7 de noviembre, fecha del accidente. «Todos los pasos que se den para esclarecer lo que ocurrió son bienvenidos. Ahora bien, entendemos que esta medida podía haberse tomado mucho antes, porque ya ha pasado más de medio año y todavía no sabemos nada sobre las causas que motivaron el desplome».

A juicio del sindicalista, es «imprescindible» conocer qué originó el derrumbe para luego «poder pedir responsabilidades a quien corresponda». La hipótesis de UGT habla de un fallo técnico en la situación del soporte en forma de columpio de la cimbra. No obstante, Ruano declaró ayer que el sindicato «guarda un máximo respeto hacia la investigación judicial» y que «hasta que no se publique la sentencia, no sabremos qué fue lo que ocurrió, tan sólo podemos lanzar hipótesis».

Especialista

En el auto del juez en el que ordena la reconstrucción de los hechos, el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar considera «imprescindible» la intervención de un especialista en maquinaria, en sistemas hidráulicos y eléctricos. El juez ha designado como especialista en las pruebas a Jesús González Sanz, director técnico de la empresa Enerpac, considerado «el único experto en la materia en nuestro país», según las opiniones del Ministerio de Fomento y a tenor de los informes verbales de los peritos judiciales.

González Sanz deberá estar a disposición del juzgado entre el 5 y el 9 de junio «para la realización de las diligencias». El resto de las pruebas se realizarán a lo largo del mes de junio, teniendo que estar todas concluidas, por orden del juez , antes del 1 de julio. Desde UGT se afirma que «aunque nunca hemos dicho que fuese necesario darse prisa en la investigación, ya que entendemos que en estos casos las prisas no son buenas consejeras, sí creemos que las investigaciones se están demorando mucho en el tiempo y que finalizar estas pruebas antes del 1 de julio será muy positivo para saber cuanto antes qué fue lo que desencadenó el desplome», aseguró Ruano, que calificó como especialmente importantes los ensayos que se realizarán respecto a las características de los materiales.