DE igual forma que antes fueron las pateras de Marruecos, los cayucos procedentes de Mauritania o Senegal -que tampoco son el cauce más numeroso de la inmigración ilegal, aunque sí el más alarmante- vuelven a poner en evidencia la total falta de previsión de las autoridades españolas ante un fenómeno que ya ha pasado a formar parte de las primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles. Y, lamentablemente, una vez más, desde el Gobierno se vuelve a responder a las avalanchas de los dos últimos fines de semana en las costas de Canarias con medidas que tendrán mucha más repercusión mediática que efectividad real.

La llegada semanal de un millar de ilegales a los puertos de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, de continuar con la bonanza de la climatología, se va a convertir en una carga insoportable para las fuerzas policiales, organizaciones asistenciales y autoridades autonómicas, locales y centrales; en definitiva, para todos aquellos implicados en el control marítimo, auxilio a los rescatados y gestión de sus repatriaciones. El mejor -o peor, según se mire- síntoma de esto es que ya han comenzado a aflorar los primeros reproches entre los Gobiernos autonómico y central, lo cual configura un pésimo escenario para ajustar la imprescindible cooperación que requiere una situación como la que se vive en las Islas.

De la reunión de urgencia celebrada ayer en Moncloa por la vicepresidenta Fernández de la Vega con el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha salido un mensaje de tranquilidad cargado de voluntarismo, y poco más.

Gestionar los efectos del que posiblemente sea el mayor problema social al que se enfrenta Europa en este siglo no es tarea fácil, pero la complejidad del reto no justifica la falta de decisión del Gobierno y, en algunos casos, de firmeza. Una firmeza -perfectamente compatible con las ofertas de ayuda- que debe expresarse a las autoridades de los países emisores de inmigrantes pero también a una UE incapaz de fijar una política común de inmigración. De los problemas inicialmente complejos se suele pasar a medio plazo a las situaciones insostenibles. Y en Europa no es la primera vez que se producen flujos migratorios como el que actualmente vivimos. Quizás habría que fijarse más detenidamente en cómo se gestionaron en épocas pasadas problemas similares -que no iguales- y confiar menos en el control 'espacial' de las aguas internacionales.