El 1 de julio, el Estatuto de los Trabajadores modificará varios de sus artículos para reducir la temporalidad laboral y promocionar el empleo estable. Los cambios, que conllevarán rebajas económicas para los empresarios, son el fruto de una nueva reforma laboral consensuada -tras 14 meses de negociaciones- entre el Gobierno, las patronales (CEOE y CEPYME), y los sindicatos mayoritarios (CC. OO. y UGT), suscrita ayer en el Palacio de La Moncloa, donde el presidente José Luis Rodríguez Zapatero califico el acuerdo de «histórico». «No nace para responder a una situación de crisis sino para prolongar y ampliar la buena evolución de la economía española», dijo.

El Gobierno dio al acto rango de acontecimiento, como continuación del celebrado el 8 de julio de 2004, en el que el Ejecutivo y los agentes sociales se decantaron abierta y libremente por el diálogo social. A Moncloa se trasladaron los máximos responsables de las organizaciones empresariales, José María Cuevas y Jesús Bárcenas, y de las centrales, José María Fidalgo y Cándido Méndez, junto con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Los cinco firmaron el acta del acuerdo y dejaron la rúbrica del documento de la reforma a sus negociadores.

Todos los interlocutores se mostraron satisfechos por el acuerdo. No obstante reconocieron que su éxito depende de que vaya acompañado de otras medidas, que sobrepasen el mercado de trabajo, que establezcan un sistema productivo basado en la inversión, nuevas tecnologías e innovación. .

Instrumento útil

Como prueba de que el pacto sólo es insuficiente, Fidalgo utilizó durante todo su discurso la palabra «intenta», consciente de que sin la colaboración del Ejecutivo y de los empresarios será muy difícil que la reforma dé los frutos esperados. Para Méndez, se trata de «un instrumento útil», inscrito «dentro de una serie de medidas que deben repercutir en el crecimiento económico». El presidente de CEOE advirtió, que su organización seguirá con atención el desarrollo de la reforma para «evaluar su impacto en el empleo y en la competitividad» y adoptar «si fuera necesario medidas complementarias».

Cuevas fue la única voz que, sí bien valoró el acuerdo, lanzó críticas contra el Gobierno. Explicó que las normas que cuentan con consenso son «más fructíferas» que aquellas aplicadas en medio de la «confrontación», y lamentó que la Ley de Igualdad no cuente con el beneplácito de las patronales.

También afirmó que la reforma laboral no regala nada a los empresarios. Indicó que las ayudas económicas que concede a los empleadores proceden de las cotizaciones que éstos pagan. En este punto, se dirigió con cierto humor al vicepresidente económico, Pedro Solbes, presente en el acto, a quien recriminó que las arcas públicas hayan permanecido cerradas ante la reforma.

Posteriormente, Zapatero, en el mismo tono que el responsable de CEOE, también se refirió a su vicepresidente. Alabó los avances socioeconómicos logrados en la primera mitad de la legislatura con superávit de las cuentas del Estado y la labor de Solbes «que como hemos conocido», en alusión a las palabras de Cuevas,«no pone nada» en esta reforma. «Ya le veía yo una cara de satisfacción muy notable cuando se firmaba el acuerdo», bromeó.

Zapatero instó a los presentes a comprometerse en el cumplimiento de los cambios para obtener los mejores resultados posibles del largo periodo de crecimiento que «estamos experimentando, que se va a mantener e incluso puede mejorar».

El ministro Caldera aseguró que la reforma laboral «huye de recetas de laboratorio concebidas a espaldas de los agentes sociales». «Es coherente, equilibrada y combina flexibilidad y seguridad», dijo. «El diálogo social es un componente esencial de la cohesión democrática que es tan importante como la cohesión social», concluyó.