EL municipalismo se ha convertido nuevamente en el gran olvidado, en el hermano pobre de la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, un texto grandilocuente, sesgado, alejado de la realidad, que da la espalda a los problemas reales de los más de 770 municipios de Andalucía y que sólo es una coartada partidista del Partido Socialista en sus alianzas con formaciones independentistas y radicales.

El nuevo Estatuto, tan intervencionista, olvida la delegación y transferencia de competencias concretas y su correspondiente financiación a los Ayuntamientos, perjudicando así la prestación de servicios a más de siete millones y medio de andaluces para los que la principal exigencia a los poderes públicos es una mayor eficacia en la solución de sus problemas cotidianos.

En esta reforma del Estatuto se debería haber apostado firmemente por el municipalismo en Andalucía, reforzando la autonomía municipal, garantizada en el artículo 140 de la Constitución, y recogiendo el derecho constitucional y estatutario de todos los entes locales a intervenir en todos los asuntos que les afecten.

Asimismo, en esta reforma se debería haber garantizado la suficiente financiación de nuestros Ayuntamientos, una cuestión que, en la redacción actual, no está garantizada, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, al excluir la participación de los Ayuntamientos en una buena parte de los ingresos de la Comunidad Autónoma.

Para el Partido Popular de Andalucía dichas cuestiones han sido siempre prioritarias a la hora de abordar la reforma de nuestro Estatuto. Y así lo materializó mediante la presentación de sus enmiendas en esta materia.

Unas enmiendas que pretendían fundamentalmente garantizar el proceso de Segunda Descentralización, de forma que supusiera un avance en la autonomía municipal recogiendo de manera clara el mandato de transferencia o delegación competencial con la financiación correspondiente, a fin de que los municipios andaluces ejercieran, en virtud y con pleno respeto del principio constitucional de autonomía local, además de las competencias que les vinieran atribuidas por la legislación del Estado, aquellas otras que les fueran transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma, se establecía la transferencia o delegación a los Municipios andaluces de competencias en materias tales como consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, políticas de género, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo, vivienda, voluntariado, participación ciudadana, protección de la familia, medios de comunicación, espectáculos públicos, actividades recreativas y ocio.

Se disponía, además, que toda transferencia o delegación de competencias debería llevar consigo la de los medios financieros, personales y materiales para el correcto ejercicio de las mismas y se garantizaba la suficiente financiación de nuestros Ayuntamientos, a través de la participación de los mismos en los ingresos de la Comunidad Autónoma.

Junto a ello, se establecía la creación, por Ley, del Fondo de Cooperación Municipal, sobre la base del principio de subsidiariedad y el consenso con los Ayuntamientos. Dicho instrumento incluiría a su vez un Fondo de Nivelación Municipal de carácter no finalista, un Plan de Actuaciones Sectorial, así como un Plan de Inversiones en Infraestructuras.

Finalmente, se fijaba la necesidad de que en todo proceso legislativo y administrativo se tuviese en cuenta el impacto municipal y se incluía un órgano mixto, con representación de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos andaluces, para informar preceptivamente las disposiciones normativas que afectasen de forma específica a las Corporaciones Locales, con un funcionamiento de carácter permanente como foro de diálogo, colaboración institucional y como órgano de cooperación.

Frente a ello, el Estatuto que ha sido recientemente aprobado en el Parlamento de Andalucía, dejando a un lado al 40% de los andaluces, se ha limitado a reproducir la relación de competencias reconocidas por el Estado 20 años atrás sin avanzar prácticamente nada en el tema de la financiación de los Ayuntamientos.

En definitiva, en esta reforma del Estatuto de Autonomía se ha perdido una oportunidad histórica para asegurar la Segunda Descentralización, para aplicar el Principio de Subsidiariedad y para acercar la gestión a los ciudadanos, una cuestión con la que todas las fuerzas políticas deberían estar comprometidas.